Cada verano Chile arde en llamas. Los incendios forestales arrasan con vidas humanas, bosques, fauna y viviendas. La tragedia se repite año tras año sin que hayamos implementado una estrategia efectiva para prevenir estos desastres, mal llamados naturales.

La crisis climática, la expansión urbana descontrolada, la falta de educación en prevención y el escaso compromiso de sus propietarios contribuyen a un problema que, lejos de ser abordado con urgencia, sigue postergado en la agenda política.

Se encuentra en segundo trámite en el Congreso el proyecto de ley Boletín 16.335-14, que busca regular la prevención de incendios forestales y rurales, pero se ha encontrado con la oposición de intereses de empresas forestales y desarrolladores inmobiliarios.

Entre sus propuestas clave están la delimitación de zonas de interfaz urbano-rural, la obligación de crear zonas de amortiguación y el establecimiento de instrumentos de gestión forestal. También se incorpora un régimen sancionatorio para propietarios que no implementen medidas de prevención.

Sin embargo, este proyecto ha generado críticas de la Corporación Chilena de la Madera (CORMA), que advierte que las obligaciones impuestas podrían resultar desproporcionadas para pequeños y medianos propietarios. Una vez más pretenden traspasar sus riesgos al Estado.

Por lo demás, respecto de los bosques cercanos a áreas urbanas, bueno sería que se aprobara la prohibición de cambio de uso de suelo en áreas incendiadas.

Mientras el debate legislativo avanza, los incendios siguen cobrando un costo devastador. Según cifras de CONAF que se actualizan cada cinco minutos (https://www.conaf.cl/incendios/situacion-actual-y-pronostico-de-incendios/), actualmente hay 22 incendios activos en cinco regiones llegando en esta temporada a casi 50.000 hectáreas muchas de ellas de bosque nativo afectando ecosistemas únicos y poniendo en peligro especies endémicas.

Tenemos conocimiento de que muchos incendios son intencionales y por ello, un aspecto crítico es la falta de educación en prevención de incendios forestales. En Chile, los planes de estudio de educación básica y media no incluyen formación en gestión de riesgos o desastres.

Crecemos sin herramientas para comprender la importancia de la prevención ni la manera de actuar ante una emergencia. La cultura de la prevención debe ser una política de Estado, incorporando programas educativos, campañas de concienciación y protocolos claros en comunidades de alto riesgo.

No podemos seguir reaccionando a los incendios cuando ya es demasiado tarde. La prevención debe estar en el centro de la estrategia contra este problema. Eso implica contar con una ley moderna e integral, inversiones en infraestructura, capacitación a comunidades y coordinación efectiva entre el sector público y privado. La legislación debe equilibrar la responsabilidad de los propietarios con el deber del Estado de generar condiciones para una prevención efectiva.

Si queremos dejar de ser testigos impotentes del avance del fuego, necesitamos con urgencia un cambio de enfoque y mayor velocidad en los cambios. Los desastres no son inevitables: las negligencias sí.