Falta de fiscalización al rubro salmonero es lo que detectó la Contraloría General de la República, tras una investigación donde determinaron que 170 centros salmoneros tenían causales para que caducaran sus concesiones, pero las instituciones a cargo de controlar eso no lo hicieron, dejándolas vigentes a pesar de haber incumplido la ley.

Ante la situación, 16 organizaciones de Los Lagos, Aysén y Magallanes (donde se concentra la mayoría de las salmoneras), enviaron una carta pública llamando a la salida del Subsecretario de Fuerzas Armadas y la Directora Nacional de Sernapesca.

Esta proceso de la CGR surge a raíz de una serie de investigaciones de la Fundación Terram, publicadas en El Desconcierto entre 2022 y 2023, donde se detectaban cientos de centros salmoneros que deberían haber caducado y seguían vigentes o estaban incluso operando.

Las organizaciones firmantes, que suman a comunidades indígenas, comités ambientales comunales y sindicatos de pescadores, también mencionan otra investigación de Terram que detectó cientos de casos de sobreproducción de salmón por sobre la norma que no fueron sancionadas por las autoridades. Al menos 100 de estos casos ocurrieron dentro de áreas protegidas como Parques o Reservas Nacionales.

Además de la salida de las autoridades, piden una intervención en los mecanismos de coordinación, fiscalización y sanción de ambas instituciones y a fortalecer estos ítems a través de la nueva Ley de Acuicultura que se está elaborando por parte del Gobierno.

Foto: Agencia UNO.