Este martes, la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) emitió un comunicado exigiendo al gobierno "cumplir su promesa" ante la negativa del ministro de Justicia, Luis Cordero, de cerrar el centro penitenciario Punta Peuco.
Una de las razones que entregó Cordero tiene que ver con el problema de la sobrepoblación carcelaria en las cárceles de Chile.
Si bien, desde la AFDD entienden las razones entregadas por la autoridad ministerial, "no se comprende que el ministro Cordero cierre la posibilidad de progresar en alguna medida con el cierre de la transformación del penal en una cárcel para mujeres embarazadas", indica el comunicado.
Fue a través de un oficio que parlamentarios oficialistas solicitaron al gobierno el cierre de Punta Peuco para transformar el recinto en una cárcel para mujeres embarazadas.
La negativa del gobierno de avanzar con lo que era "una promesa" generó molestia, sobre todo porque los condenados por crímenes de lesa humanidad en dictadura seguirán reclusos con una serie de comodidades que no tienen las cárceles comunes.
"Tampoco se comprende que en un Estado de derecho, criminales que torturaron, violaron y desaparecieron compatriotas, mantengan una situación de privilegio y resguardo", expresan.
Para la AFDD, el cierre de Punta Peuco más que un acto simbólico tiene que ver con "una acción concreta para avanzar en materia de justicia y reparación, cumpliendo con los estándares internacionales a los que adhiere el país", se señala en el comunicado.
Continúan sosteniendo que esta demanda "es una lucha histórica que hemos exigido las agrupaciones de familiares para terminar con los pactos que la democracia mantiene con la dictadura".
Finalmente, confirmaron que seguirán insistiendo para que sus demandas sean escuchadas por las autoridades.
"¡No retrocederemos a nuestra demanda por verdadera justicia en Chile y terminar con la impunidad de los criminales". finaliza el comunicado.
Los diputados oficialistas también se refirieron, esta tarde, a la negativa del cierre de Punta Peuco por parte del ministro Cordero, asegurando que seguirán insistiendo con la medida.
Esta insistencia será materializada con la entrega de una carta al presidente Gabriel Boric solicitando el cierre del reciento penitenciario.
La carta será entregada por las diputadas y diputados Juan Santana (PS), Lorena Pizarro (PC), Alejandra Placencia (PC), María Candelaria Acevedo (PC), Jaime Naranjo (PS), Luis Cuello (PC), Tomas Hirsch (AH), Daniela Serrano (PC), Carmen Hertz (PC) y Lorena Fríes (FA).
Respecto a la respuesta del ministro Cordero y la sobrepoblación carcelaria, el diputado Santana (PS) expresó que es fundamental habilitar un módulo especial en una cárcel común para los reclusos de Punta Peuco.
“Entendiendo la situación de hacinamiento en las cárceles del país, nos parece que concretar el traslado de los actuales internos a algún módulo que se habilite especialmente para ello en una cárcel común es una medida importante y prioritaria".
Continuó destacando el calibre de los delitos cometidos por los condenados, "es inentendible que actualmente exista un penal de privilegio en donde residan quienes están condenados por cometer la peor clase de crímenes de nuestra historia".
Por otro lado, la diputada Pizarro (PC) expresó que la negativa del gobierno frente al cierre del recinto perpetúa la impunidad.
“Cualquier gobierno que mantiene el penal Punta Peuco permite y profundiza impunidad, aunque no se crea, a aquellos que fueron condenados por violaciones de derechos humanos".
Continuó expresando su disconformidad con las justificaciones del ministro Cordero.
"Desde luego entendemos la situación carcelaria del país, pero eso no tiene que ser sinónimo de justificar o excusar el no cierre de un penal como Punta Peuco. Eso es continuar con el andamiaje de la impunidad".
Por último, el diputado Tomás Hirsch (AH) se refirió a la promesa del gobierno respecto del cierre de Punta Peuco.
"En el programa de nuestro gobierno está incorporado el cierre de este penal (...) Nosotros podemos entender la situación carcelaria que hay en el país con una sobrepoblación que dificulta el manejo del sistema penitenciario, pero eso no debiera impedir el cierre o bien el traslado de quienes están ahí a cárceles comunes y ocupar ese recinto para otra población penal”, finalizó.
