Debido a que en general los particulares, entre otros, arquitectos, abogados e ingenieros, contratados por las empresas que solicitan permisos de edificación en las municipalidades y en otras instancias de la Administración, cuando sus proyectos de inversión, por los impactos que generan, deben someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), cometen errores en las respectivas tramitaciones, el sector público, como es su deber, se ha visto en la necesidad de objetarlos o rechazarlos.

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Es efectivo que las tramitaciones se prolongan en demasía, casi siempre por desconocimiento del sector privado de las diferentes normas existentes, dilación que, por razones obvias encarece los proyectos. Por este motivo, las influyentes asociaciones gremiales empresariales argumentan que el cuello de botella se produce exclusivamente en los distintos servicios públicos que deben dar sus aprobaciones a los mismos.

Por lo anterior, el muy bien organizado sector productivo, utilizando el principio de que si se repite la mentira, recordando a Josef Goebbels, finalmente es aceptada como una verdad forzada, puso en el tapete la palabrita permisología, ardid que fue aceptado por todos los ministerios del actual gobierno.

Desde siempre hemos sostenido que los mercados funcionan bien solo cuando sus actores cumplen las normas y regulaciones, "compliance", utilizando el término en inglés, pero como los negocios son más lucrativos cuando se violan las disposiciones que el Estado se ha dado, es recurrente que muchos tratan de sacar ventajas con ingeniosas interpretaciones que ellos estiman no serán detectadas por la función pública.

Pues bien, actualmente se está tramitando un proyecto de ley para que los proyectos sean autorizados con mayor rapidez, por lo tanto eliminándose la "excesiva burocracia" teniéndose presente que todavía está activa en el Ministerio de Economía, sin respaldo legal, la oficina de Grandes Proyectos Sustentables "GPS", creada por Piñera, cuyo único objetivo es acelerar, mediante presiones, los análisis de los proyectos objetados, con la fútil idea de que, por insistencia, puedan ser aprobados.

Los parlamentarios deben tener mucho tino y prudencia cuando aprueben la ley que, suprimiendo "trabas", facilitará el crecimiento económico, pues está vigente desde hace algún tiempo la Ley 21.595, que sistematiza los delitos económicos y ambientales, regulando las penas para aquellos inversionistas más ingeniosos que obtienen ganancias adicionales ilegales en sus actividades productivas.

Recordemos que esta necesaria ley fue impugnada en el Tribunal Constitucional (TC) por todas las asociaciones empresariales porque la consideraban riesgosa para sus intereses. Esta instancia superior obviamente la validó y hoy es de aplicación, tanto para las empresas privadas como las reguladas. Hasta donde sabemos, el sector financiero, por la importancia que tiene en el país, ya se está adaptando a los estándares que tienen los países desarrollados.

En otro orden de cosas, en los próximos días el ejecutivo ingresará en el Congreso Nacional un proyecto de ley para "regular" (sic) las llamadas parcelas de agrado, localizadas en los territorios rurales del país, refundiendo diversos proyectos similares que están en el Senado. Estas parcelaciones de 0,5 ha siempre han sido ilegales, conforme lo establece el DL 3.516 del año 1980 que permite la subdivisión solo para actividades agrícolas, ganaderas y forestales, y el artículo 55 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC).

Esta práctica corrupta es conocida y aceptada por todas las autoridades de la dictadura y de los gobiernos democráticos, ya que de esta manera se han producido ganancias ilícitas de muchos millones de dólares que han ido a los bolsillos de los agricultores dueños de los predios y de los avispados corredores de propiedades. Casi todo el territorio rural chileno está subdividido en estos predios rústicos, en donde existen distintos tipos de viviendas, muchas de ellas en elegantes condominios con guardias privados y asfaltados caminos interiores.

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El promotor de este indispensable cambio legislativo ha sido el íntegro y visionario ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, cansado por la pérdida creciente de valiosos suelos silvoagropecuarios, entregándole la tarea de normar la materia al Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu).

Esto con el compromiso de que a partir de la próxima vigencia de esta legislación, por fin se respetará el Estado de Derecho, pues los servicios respectivos competentes, como el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), secretarias regionales del Minvu y de Agricultura, fiscalizarán conforme a sus atribuciones, dejándose en claro que las construcciones de las viviendas deberán ser autorizadas por las Direcciones de Obras Municipales (DOM), esperando este columnista que estén prohibidas las conocidas trampas de las "ventas de derechos" sobre los predios.

Finalmente, el jueves 6 de junio pasado, sostuve una grata entrevista con una alta autoridad del Minvu, en la cual tratamos ciertos asuntos pendientes y en tal sentido, después de haber publicado columnas de opinión en medios que cultivan la libertad de expresión, sobre el reconocimiento expreso del Ministerio de Obras Públicas (MOP), en orden a que incumplía las normas obligatorias de seguridad contra incendios, podemos asegurar que el Minvu comenzará a hacer su pega.

En efecto, este ministerio actualizó el listado oficial del comportamiento al fuego y su División de Desarrollo Urbano (DDU) actualizará en el plazo máximo de 60 días, la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC), con lo cual se evitará que se sigan cometiendo fraudes en esta materia, aunque los casos ilegales anteriores quedarán impunes, pues por obvias razones, no podrá operar la retroactividad. Como vemos, respecto de la aplicación de las pinturas intumescentes, pronto tendremos edificaciones seguras contra incendios en nuestro país, lo cual ya es un avance.

Otro aspecto que analizamos, es la derogación del inicuo artículo 6.1.8 de la OGUC que admite la vulneración flagrante de las normas urbanísticas consideradas en los Planes Reguladores Comunales (PRC), proponiéndole asimismo que se eliminen los artículos 148 y 157 de la LGUC, referidos a las demoliciones de las edificaciones contrarias a derecho, ya que los mismos no se aplican.

En su reemplazo se debería contemplar el pago obligatorio de una multa a beneficio fiscal, suma asociada a los m2 que tenga el proyecto, la que una vez pagada la construcción podrá ser recibida por la autoridad municipal. Con esta medida estaríamos sincerando el sistema, ya que así se acabará la recurrente impunidad.

Aprovechamos la oportunidad para aludir al nuevo socavón que se produjo en la madrugada del domingo pasado en un edificio de Viña del Mar, pues el 04/02/2009 publiqué la columna "Construcciones sin control" en Plataforma Urbana, en la cual denunciamos ilegalidades cometidas por el municipio al aprobarse dicho edificio.

Por otro lado, en el ámbito de los guetos verticales ilegales, debido a que no avanzaba la querella criminal interpuesta en el 6° Juzgado de Garantía de Santiago, por quien suscribe con otros particulares, en contra de los funcionarios de la municipalidad de Estación Central que desacataron los dictámenes vinculantes de la Contraloría General de la República, durante la administración del alcalde UDI, Rodrigo Delgado, asunto que la jueza Vania Boutaud trasladó oportunamente a la Fiscalía Centro Norte, cuyo titular es Xavier Armendáriz, le propusimos a nuestro interlocutor que el propio Minvu se haga parte en esta acción judicial.

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Ello debido a que los delitos cometidos en las sociedades civilizadas deben ser investigados y sancionados, independientemente de que 4 de los 80 mega edificios ilegales no están recibidos oficialmente por el municipio.

Así las cosas, para que impere el Derecho, adicionalmente le dijimos a la autoridad del Minvu que, buscando la igualdad en el trato a privados por parte del Estado, estos pocos edificios sean recibidos a la brevedad, para que así las empresas puedan entregar miles de departamentos a sus promitentes compradores.