La ley 2191 tiene la firma de Mónica Madariaga, en ese entonces ministra de justicia de la dictadura militar, y fue dictada el día 18 de abril de 1978. Esta ley concedía impunidad para todos aquellos que hubieran cometido delitos entre 1973-1978. No hace distinción entre delitos de carácter común o donde hubiera participación de militares, agentes del estado o civiles que colaboraron con la represión posterior al golpe militar.

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Dos informes sobre violaciones a los derechos humanos como Valech y Rettig dejaron en evidencia la criminalidad desatada por los militares. Los encontrados en los Hornos de Lonquén, los restos de presos políticos fusilados en Pisagua, la masacre de Chihuío y el Laja y tantos más, esa ley los condenaba al olvido. La dictadura entregaba entonces impunidad para deleznables crímenes hasta ese momento cometidos.

Con posterioridad continuaron los aparatos represivos CNI maltratando, asesinando y haciendo desaparecer a chilenos. Extraño resulta dado que la ley aparece luego de que el poder militar expresara que Chile ya había recuperado la calma. Desde 1978 hasta 1990 pasó más de una década.

En la amnistía de 1978 no se incluyó el asesinato de Orlando Letelier en los Estados Unidos junto a una ciudadana norteamericana. Aquel acto de criminalidad comenzaba por Pinochet, pasaba por Contreras, Fernández Larios y cubanos de Miami.

Hoy, a 46 años de aquella funesta ley de aministía, la UDI afirma que es necesario que se dicte una ley de amnistía para los responsables de delitos (acciones) cometidos en el marco de la revuelta de octubre. Los parlamentarios Luz Ebensperguer/Jorge Alessandri/Rodolfo Carter solicitan que sea para funcionarios policiales y militares que hayan sido condenados o formalizados por delitos cometidos en el contexto de esos días de octubre.

Su pedido no llama la atención, pero deja en evidencia una precariedad en la interpretación del derecho, una que escapa de la esquina de lo justo y razonable. Refleja también y una vez más que cuando existe criminalidad uniformada ellos salen en su defensa.

Los grupos económicos tienen sus empleados en el parlamento y los uniformados sus voceros en la derecha, y también en sus nuevos cercanos. Los delitos cometidos por los uniformados son graves-gravísimos y deben resolverlos los tribunales. Existe la presunción de inocencia, la legítima defensa. Ningún uniformado fue llevado a un subterráneo para someterlo a torturas.

Estos banderilleros de la derecha, y otros, sin reparo manifiestan que los uniformados salieron en defensa de la patria para salvar la república. La corta mirada sencillamente alcanza la altura de la punta de sus zapatos/botas. Y es que ante todo, están sus derechos y su capital. Esa patente de corso que les entrega ser el 1% más poderoso con su caja para financiar la política que debe ser como ellos la necesitan.

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La UDI y sus otros acólitos de tarde en tarde lanzan fumarolas para intentar lo que desde Punta Peuco les piden. Piñera les prometió una formula que posibilitara su salida de prisión y les mintió, la familia militar se enojó y llamó a José Antonio Kast.

Cabe preguntarse en estas circunstancias, en la propuesta de una nueva amnistía, ¿también se incluiría a la alta oficialidad por robo, falsificación de instrumento público, prevaricación, malversación de fondos y recursos públicos?.

Esa estrecha mirada derechista también es acompañada por el Socialismo Democrático, como se definen, y exigen que los fiscales Armendáriz y Chong sean separados de las causas que están investigando, más de mil causas donde está involucrado el actual director general de carabineros.

'Bajo Palio' transita el general Yáñez junto a una corte de salvadores sosteniendo que, dadas las condiciones de seguridad del país, no es posible hacer cambios en la institución en cuestión. El asunto no es así. Se trata de hacer justicia, eso nada más. No se está frente a una copia del asunto Dreyfus. La culpabilidad o inocencia la determinan los tribunales de justicia, no unos bien pagados y confortables diputados o senadores.

Y quedó en el olvido la propuesta de una nueva policía, democrática y que transite por el país con una visión de integración y preventiva, menos militarizada. Mientras cientos de chilenos con graves traumas oculares, maltratados y muertos dan cuenta, sencillamente, de la necesidad de alterar con urgencia las dinámicas uniformadas que evidentemente caen en la criminalidad.

El general Yáñez debe estar en tribunales. Su autoridad es la que debe juzgarse, las fuerzas especiales no dependen del Ministerio del Trabajo. Él es el Director General de su institución y como tal no debe, bajo precarios pretextos, evitar hacerse responsable.

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La UDI y sus cantaores desafinados pidiendo amnistía para la criminalidad uniformada. La derecha y una de las dos almas de gobierno cerrando cortinas, mientras huele a podrido por todas las esquinas. Así no hay honor. Hay que decirle que no a una amnistía entonada por la derecha, y que los carabineros involucrados en crímenes respondan frente a tribunales. Los jueces no comen niños, sencillamente aplican justicia.