Que gobiernos de centroizquierda hayan sido los que permitieron el enriquecimiento extremo de los dueños de SQM con litio perteneciente al estado, en el Salar de Atacama, es una muestra más de las poderosas redes de influencia que esa empresa viene operando desde hace años en la imperfecta democracia chilena, pero también de la fragilidad conceptual e ideológica que viene asolando a la izquierda desde el fracaso y la debacle de los socialismos reales.

Carentes de un proyecto que aspire a más que humanizar al capitalismo en la medida de lo posible, la centroizquierda postdictadura no ha buscado cambiar la distribución estructural del poder, sino que se ha adaptado a ella para subsistir y mantener cuotas de poder y recursos.

Por su parte, la nueva generación de políticos progresistas, propulsada por las marchas estudiantiles de hace algunos años, al estar desprovista también de un real y acabado proyecto transformador, se ha ido mimetizando cada vez más con la centroizquierda postdictadura tradicional y desechando sus consignas de antaño, en lugar de mover las fronteras de lo posible y desintoxicarnos del lucro, ha venido adaptándose, rápidamente, a nuestro capitalismo y sus lógicas.

Y así, por ejemplo, luego de anunciar su Política Nacional del Litio, el actual gobierno de centroizquierda, liderado por los estudiantes de entonces, decidió negociar el destino del Salar de Atacama con SQM, y con ningún otro, en vista del contrato donde, en 1995, la CORFO le otorgó a esa empresa el derecho a extraer una cuota del litio estatal del Salar de Atacama hasta 2030, pero, además, le dio el derecho a impedir que cualquier otro comenzara a extraer minerales estatales del salar durante ese período.

Presumiblemente, entonces, la decisión de negociar sólo con SQM se explicaría porque al gobierno actual le urgen ingresos y resultados llamativos ahora y no después de 2030, cuando gobiernen otros; porque prefiere acuerdos y no conflictos, con poderosos caballeros; y, por último, porque está ya bastante convencido de que poco importa el carácter del gato siempre que cace ratones.

Como resultado de esas negociaciones, según el memorándum de acuerdo CODELCO-SQM, el gobierno ha decidido embarcar al estado en una relación de largo plazo con SQM, sobre la base de que, a cambio de poder extraer y comercializar 201 mil toneladas de LCE (Carbonato de Litio Equivalentes) de su propio litio (sic) ahora (en el período 2025-2030), el estado incrementará la cuota de litio de SQM en el salar hasta 2030, en al menos 165 mil toneladas de LCE y, además, entregará a esa empresa las utilidades correspondientes a un mínimo de 4,2 millones de toneladas de LCE durante el período 2031-2060.

El gobierno, lamentablemente, no ha dado a conocer el detalle de la evaluación costo-beneficio de la asociación, pero el presidente del directorio de CODELCO declaró en la Cámara de Diputados (El Mercurio del 11/01/24) que el estado captaría un 85% de la renta extraída, es decir que un 15% de la renta del litio que la nueva sociedad extraería hasta 2060, de uno de los mejores yacimientos del mundo, sino el mejor, sería cedido por el estado de Chile a una empresa privada: SQM.

El gobierno justifica su actuar relatando hipotéticos escenarios alternativos alarmistas que lo estarían dejando sin otra opción, pero, en lugar de apresurarse amedrentado a unirse a SQM sin remedio, podría persuadir y darle la oportunidad a la empresa, con total transparencia, para que mejorara sustancialmente su reputación social extrayendo la cuota completa de litio que le fue asignada, pero desistiendo de la cláusula de exclusividad en su contrato para que el estado pueda así optimizar el uso del resto de los recursos, en beneficio de la comunidad entera.

Y, asimismo, ante un lamentable rechazo eventual de la empresa a esa esperanzadora propuesta, el gobierno podría impugnar la cláusula de exclusividad, y solicitar su anulación en tribunales y en el Congreso, argumentando que ella permite lucrar en detrimento del bien común sin crear valor alguno sino sólo cobrando una suerte de rescate al estado respecto de un bien nacional.

Paralelamente, mientras gestiona esas iniciativas, el gobierno podría arremangarse las mangas para levantar una Empresa Nacional del Litio por ley, lo cual no es tan difícil, o, de no ser eso posible, como filial de CODELCO abocada a potenciar la contribución al bien común de la industria del litio, con armonía medioambiental y comunitaria, y capturando toda la renta del litio para el Estado a partir de la más pronta fecha posible sin ataduras a la exclusividad de SQM, y, a más tardar, desde 2031.

Esto ya sea licitando el arrendamiento de los yacimientos de litio, o bien reclutando, construyendo y gestionando las capacidades requeridas para su explotación y desarrollo directamente por parte de la Empresa Nacional del Litio, con altos estándares, tecnología de punta y excelencia sola o con socios minoritarios que paguen un precio justo y transparente por su participación igual o mejor a como lo supo hacer con el cobre, para sorpresa de muchos, la estatal CODELCO en los años 1970's.

Sin embargo, al firmar el memorándum de acuerdo, el gobierno ha optado por no seguir esa senda u otra parecida. Si hubiera optado por hacerlo, no sólo habría velado mejor por los recursos fiscales disponibles para el bien común, sino que también habría estado asumiendo el gran desafío de predicar con el ejemplo la construcción pacífica y mancomunada de una sociedad mejor, más próspera, digna y justa.

El gobierno no lo ha hecho, pero todavía está a tiempo de hacerlo.