Este lunes, el Juzgado de Garantía de Arica y Parinacota, decidió sobreseer definitivamente a "los cuatro defensores penales públicos imputados por el retiro de las identidades de los testigos protegidos del Ministerio Público", en el marco de la investigación que involucra a sus representados, integrantes de la banda 'Los Gallegos', uno de los brazos delictivos del Tren de Aragua, detalla un comunicado público.

Respecto de la determinación adoptada, el juez Juan Araya fue categórico con sostener que tiene "claridad y convicción" de que "los defensores penales públicos imputados en esta investigación, no tienen responsabilidad alguna en los hechos investigados”.

Su argumentación apunta a que “la reserva de estos testigos no estuvo protegida antes del 23 de junio, solo cuando se presentó la acusación, o sea, si los defensores acuciosos tuvieron copia de la investigación legítimamente durante toda la investigación, pudieron haberlos sabido perfectamente con anterioridad, porque la reserva se decretó recién el 23 de junio cuando se presentó la acusación, y así lo señaló el fiscal regional al contestar el traslado el día hoy”.

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Respecto de la calidad de testigos protegidos que ordenó el Ministerio Público, Araya aclaró que “esto no fue enviado ni en la acusación del mismo 23 de junio, ni en la nube de la voluminosa investigación, eso se acompañó en un correo electrónico del mismo 23 de junio donde se acompañaba la información reservada”.

Y en relación a la autorización judicial que generó el retiro de las identidades protegidas, “el juez resolvió que era razonable que los defensores pudieran prestar una defensa adecuada sabiendo qué testigos eran los que iban a declarar y qué cosa”.

Por su parte, una vez finalizada la audiencia, el jefe de Estudios de la Defensoría Regional de Arica y Parinacota, Cristián Martín, aseguró que “el magistrado toca varios aspectos, y lo más trascendente dice relación con la participación de los cuatro defensores penales públicos en su actuación, que señala se trata de una actuación apegada a resoluciones judiciales, por lo tanto, la misma no es susceptible a ninguna imputación de tipo penal.

"En atención a aquello, se señala por el tribunal de garantía que los defensores penales públicos han actuado con estricto apego a lo resuelto por parte del tribunal y en circunstancias, no es constitutivo de ningún ilícito ni tampoco de participación en algún delito”, agregó Martín.

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