El llamado "Comité de Iniciativas Populares", que reúne a partidos políticos, sindicatos, organizaciones de derechos humanos y la Fundación Salvador Allende, informó de su agenda cuando queda justo un mes de la conmemoración del golpe que derrocó al presidente socialista.

"Estamos trabajando para realizar una serie de actividades durante agosto y septiembre, un homenaje y una conmemoración al mejor de los nuestros, a Salvador Allende, y a todos los que dejaron su vida para que nosotros libremente estuviéramos", señaló el coordinador del comité, Arturo Barrientos.

Según explicaron los organizadores, el 17 de agosto se celebrará el foro “Nuestro Allende" en la Universidad Academia de Humanismo Cristiano y el 30 de agosto un acto por el Día el Detenido Desaparecido en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, uno de los espacios más emblemáticos para recordar las víctimas.

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Los actos de septiembre arrancarán el día 4 con un recordatorio del triunfo electoral en 1970 de la coalición que lideró Allende, la Unidad Popular.

"Vamos a instalar un pequeño escenario y vamos a recordar una fecha muy importante, un día que fue de alegría para todos", dijo la abogada de derechos humanos, Julia Urquieta, en representación del Partido Comunista.

Para el día 10, vigilia de la efeméride, las organizaciones sociales convocarán la denominada "Gran Marcha por los Derechos Humanos", que transcurrirá por el centro de la capital, mientras que el 11 tendrá lugar un acto en el frontis del Estadio Nacional en honor a los más de 3.000 opositores asesinados por agentes del régimen de Augusto Pinochet.

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El Gobierno chileno aún no ha anunciado la agenda oficial para los 50 años del golpe, pero se espera la llegada de distintos mandatarios de la región y de Europa.

La conmemoración está generando cierta división en Chile, sobre todo después de que Boric anunciase en junio durante un viaje a España que convocará a los partidos políticos a firmar una declaración conjunta de cara a lo ocurrido el 11 de septiembre de 1973.

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Días después de esa declaración, el gobernante pidió a las fuerzas parlamentarias un "consenso mínimo y razonable" sobre el golpe, aunque aclaró que no busca "imponer una versión oficial" sino construir un "futuro compartido y no un futuro que divida".