Este miércoles, María José Hoffmann, secretaria general de la UDI, junto al diputado Juan Antonio Coloma y el abogado represente del partido Pablo Toloza, presentaron una querella contra el Gore de Valparaíso por la transferencia de 400 millones de pesos a dos fundaciones, dineros que se atribuyen a capacitaciones en temas medioambientales.

Sin embargo, las acusaciones fueron rechazadas desde la ONG Fima que, a través de un comunicado, enfatizaron que "todo gasto del proyecto ha sido rendido de acuerdo a la normativa vigente y de manera oportuna, correspondiendo estos a los ítems normativamente fijados tales como emolumentos, bienes muebles e infraestructura necesaria para cumplir con los objetivos del proyecto".

Incluso Rodrigo Mundaca, gobernador regional de Valparaíso, también salió a aclarar la situación para lo cual precisó que "estos programas que están siendo cuestionados por la UDI responden efectivamente a nuestro programa de gobierno regional. Estamos en una región que tiene la mayor cantidad de conflictos socioambientales del país y además son programas que van a tener un beneficio para más de 5.000 personas".

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Mundaca agregó que la UDI "es un partido que pareciera ser el depositario de la fe, y hay que recordarle a la opinión pública que hablamos de una organización que sabe perfectamente bien lo que significa defraudar la fe pública".

“Con esta acción judicial, el partido enloda el proceso de descentralización y la gestión del Gobierno Regional, pero además enloda el trabajo de las y los trabajadores que lo integran”, dijo.

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¿De qué se trata el proyecto de la ONG Fima?

El proyecto contempla el trabajo directo con 72 funcionarios/as municipales, permitiéndoles abordar las necesidades de justicia ambiental dentro de su comuna que sean demandadas por la Municipalidad o las comunidades locales.

Se proyecta que la población potencialmente beneficiada en términos de mejora de calidad de vida, aire limpio, acceso al agua, seguridad ante desastres naturales, etc., sea de 507.900 personas.

Los ecosistemas seleccionados para su estudio y análisis son seis, los cuales se han priorizado de acuerdo a su relevancia a nivel regional.

Sobre ellos se levanta información técnica multidisciplinaria que permita evaluar su estado de degradación para solventar acciones judiciales en pos de su reparación.

El proyecto se ejecutará durante 24 meses por un monto de $16.6 millones mensuales. Los gastos son rendidos de forma mensual y si no se ajustan a lo proyectado y autorizado son rechazados.

A la fecha, el proyecto se encuentra en un estado de avance del 20%.