El Servicio Nacional de Aduanas interpuso una querella criminal en contra cuatro personas, ligadas a tres sociedades, por el contrabando de celulares enviados a Estados Unidos desde Chile, para luego reingresarlos y así conseguir beneficios tributarios.

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El libelo que imputa los delitos de contrabando y fraude aduanero fue ingresado ante el Primer Juzgado de Garantía de Santiago donde solicita penas de cárcel para los responsables y el pago de multas que superan los $450 mil millones.

La acción legal está dirigida en contra de Carmen Cazorla y Joaquín Laercio Pereira, quienes representan a Movilcorp Soluciones Chile Importadora y Exportadora, que mantienen oficinas en Apoquindo y el centro de Santiago y bodegas en Quilicura.

US$42 millones

Esta compañía, entre 2016 y 2022 registra 125 operaciones por casi US$42 millones, enviados a una firma pantalla constituida en Miami, inscrita como Movil International LLC.

LLC significa -por sus siglas en inglés- sociedades de responsabilidad limitada. Se trata de compañías donde solo se requiere una identificación legal -sea o no estadounidense- y no es necesario poseer un capital mínimo.

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Tampoco importa la residencia ni tener socio. Si la LLC quiebra solo será embargada la inversión real. Quedan fuera de ella las propiedades, activos bancarios y los automóviles. En otras palabras, una bendición para los lavadores de dinero.

Celulares descontinuados

Aduanas también apunta al mismo Laercio y Anderson Pereira Marcio, ligados a la comercializadora América Chile con iguales domicilios.

Esta compañía, entre 2016 y 2022 realizó un total de 79 exportaciones de celulares descontinuados por más de US$17 millones a la misma firma ubicada en el país del norte.

Laercio además, detalla el libelo, está ligado a Chilemoving en conjunto con Jaime Bidarte en la sociedad JJ Comercial Exportadora e Importadora Spa. Ambas hicieron lo propio con US$5 y US$1 millones, respectivamente. La entidad agregó además que los suscritos presentaron facturas falsas para realizar sus delitos.

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De hecho, el libelo indica que existen sospechas de lavado de dinero e ilícitos tributarios.

Los imputados también utilizaron a la empresa peruana G&C Logística Integral SAC, con asiento en Tacna, que realizaba el mismo modus operandi transnacional.

Blanqueo de capitales

En resumen, asegura el querellante, las sociedades realizaron operaciones por más de US$65 millones con 140 toneladas de teléfonos móviles.

La sospecha de Aduanas de posibles delitos de blanqueo de capitales se fundan en una sanción que emitió la Unidad de Análisis Financiero UAF en contra de América Chile.

Esta última, es un sujeto obligado a informar operaciones sospechosas de lavado de activos y financiamiento del terorismo y, de acuerdo a la presentación, no solicitó identificación a sus clientes, con montos mayores a los US$10 mil. Por esta razón fue sancionada con 100 UF, poco más de $3 millones.

El servicio solicitó que Cazorla, Bidart y Pereira reciban la sanción de 5 años de cárcel. Laercio, en tanto dos penas consecutivas de 5 y 10 años respectivamente por los delitos de contrabando y falsificación de instrumento público. Eso, además de la multa aludida.

Detergente viajero

No es la única investigación en donde una organización opera con la misma fórmula que las anteriores empresas.

A fines de 2022, Aduanas interpuso una querella por delitos de lavado de activos, asociación ilícita, contrabando y falsificación por más de $1,139 millones, integrada por chilenos, venezolanos y peruanos.

En su oportunidad solicitó penas de cárcel y una multa por el contrabando superior a los $5 mil millones. La indagatoria es tramitada por el fiscal occidente Eduardo Baeza aún está en calidad de reservada.

La estructura criminal también realizaba supuestas operaciones comerciales entre Chile, Estados Unidos, Perú, China, Hong Kong que incluía celulares, sino también detergente de baja calidad.

Lea el informe completo de Aduanas: