Este martes, la directiva de Revolución Democrática (RD) presentó la querella previamente anunciada contra todos quienes resulten responsables, en el caso referido a los convenios suscritos entre el renunciado Seremi de Vivienda de Antofagasta y la Fundación Democracia Viva.

A las 9:30 horas de la mañana llegaron al Centro de Justicia los altos mandos de RD, desde donde su presidente, el senador Juan Ignacio Latorre, expresó que les interesa aclarar que cualquier delito cometido por militantes de RD vinculados a la fundación “no tiene cabida en este proyecto político”, enfatizando que Democracia Viva “no pertenece a nuestro partido”.

Latorre también confirmó que se pidió la expulsión del partido al representante legal de la fundación, Daniel Andrade, expareja de la diputada Catalina Pérez, que mantiene hasta este momento su militancia suspendida.

Cuatro delitos contra autores, cómplices o encubridores

Andrade, en tanto, solicitó ante el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago incorporarse a la investigación en calidad de imputado. Así, puso a disposición de Fiscalía “todos mis dispositivos electrónicos y los antecedentes materiales que se requieran para facilitar la investigación”, junto con autorizar el acceso a sus cuentas bancarias.

En detalle, la acción consiste en una querella por delitos contra la probidad pública. Según el documento al que accedió El Desconcierto, consideran malversación de caudales públicos, fraude al fisco, negociaciones incompatibles, o tráfico de influencias.

Todos estos, contra quienes resulten responsables de los mismos en calidad de autores, cómplices o encubridores, según el escrito ingresado por RD, patrocinada por el abogado Edson Dettoni, secretario ejecutivo del partido.

Los hechos

Respecto a los hechos, señalan que el caso comenzó cuando el 2 de mayo la presidenta de la Asociación de Funcionarios del Serviu, Carla Olivares, envió un correo electrónico con una serie de cuestionamientos hacia el manejo de la Seremi de Vivienda de Antofagasta, encabezada por el entonces militante de RD, Carlos Contreras.

En el mail, apuntaron a irregularidades como la cantidad de profesionales contratados por la Seremi, “sin existir respuesta al detalle de sus funciones”; el pago en una sola cuota de $54 millones para el arriendo del inmueble de una fundación cuyo contrato no había sido entregado; y los convenios por $426 millones entre la entidad y Democracia Viva.

Daniel Andrade, en su calidad de representante legal de la fundación, suscribió estos documentos cuando había ingresado como asesor a la Subsecretaría de Defensa, en octubre de 2022, organismo en el que por primera vez aparecía contratado en noviembre del mismo año.

El primero de estos convenios asciende a 200 millones de pesos, y fue firmado el 3 de octubre, según la querella.

El objetivo del aporte es “disponer la entrega de recursos para la implementación y ejecución de una intervención socio territorial para las familias de asentamientos precarios y en el territorio en el que viven, con el objeto de mejorar el estándar de habitabilidad en un corto tiempo, por medio de obras básicas de carácter transitorio y acciones comunitarias de fortalecimiento de capacidades en base a salubridad y seguridad”.

Luego, el segundo, por $170 millones, tuvo su decreto el 27 de ese mismo mes, y era para “disponer la entrega de recursos para implementación y ejecución socio territorial para las familias de asentamientos precarios y en el territorio en el que viven”.

Después, el tercero de los convenios fue firmado el 19 de diciembre del 2022, por $56 millones para la “ejecución de diagnósticos socio territoriales - planes de intervención, plan de campamento preparado y acciones sociales y comunitarias en diversos campamentos en la Región de Antofagasta”.

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Junto con enumerar los polémicos convenios, la querella criminal cita al ministro de Vivienda, Carlos Montes (PS), quien opinó en Cooperativa, respecto a la situación, que “da la impresión de un conflicto de interés”.

Además, relatan que dos meses antes de que se hiciera el primer aporte desde la Seremi de Vivienda, Andrade le pidió a Contreras una reunión por lobby, representando a la fundación Democracia Viva.

Este encuentro, cuyo motivo era “dar a conocer el trabajo de la fundación”, duró una hora y se realizó vía telemática, entre las 16 y las 17 horas. También participó en representación de Democracia Viva Paulina Cabrera, otra militante de RD.

La querella menciona cuatro elementos que configuran riesgo delictivo, enumerados por los autores del documento. Primero, que se realizan mediante trato directo; segundo, involucran altos montos de dinero; tercero, esos montos se los adjudicó una fundación de reciente constitución y sin experiencia previa en la materia; y cuarto, existe una relación de cercanía entre los firmantes del convenio.

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“Todos elementos que ameritan una investigación sobre delitos cometidos por un funcionario público contra la probidad pública, tales como malversación de caudales públicos, fraude al fisco, negociaciones incompatibles, o tráfico de influencias, entre otros”, explican.

En el documento, enfatizan que Revolución Democrática “es un partido político que tiene once años de trayectoria, contados desde sus inicios como movimiento político. Nuestro partido tiene tolerancia cero ante cualquier hecho de corrupción”.

“Las malas prácticas no tienen domicilio político, y lo que nos caracteriza es el cómo reaccionamos ante éstas; actuando con diligencia y celeridad, tomando todas las medidas que correspondan hasta que todas las responsabilidades sean asumidas”, expresan.

“Sabemos que, para reconstruir la confianza con la ciudadanía, las palabras no bastan. Por lo que, con el objeto de impedir cualquier tipo de impunidad, hemos decidido presentar una querella en contra todos aquellos que resulten responsables por su participación en los hechos relatados”, agregan.

Solicitudes

Ante el Juzgado de Garantía de Antofagasta, mediante la querella solicitan que se emita una orden de investigar a la Brigada de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI).

También que se oficie al Servicio de Impuestos Internos (SII), con el objeto de ponerles en conocimiento de los hechos denunciados, y en el evento de encontrar fundamentos de posibles delitos de carácter tributario, ejerza las acciones pertinentes.

Finalmente, piden que se cite a declarar a 12 posibles involucrados. Además de Contreras, Pérez, Andrade y Cabrera, mencionan a Cecilia Millán, Doris Pinto, Tomás Flores, Javiera Martínez Henríquez, Daniela Dresdner, Carolina Pérez, Tatiana Rojas, y Camila Hernando.