Un largo prontuario de infracciones ambientales y ocultamiento de información tiene la empresa salmonera Nova Austral, que en julio del 2022 recibió una sanción inédita por superar ampliamente los límites de producción autorizada y generar un daño ambiental en las aguas del Parque Nacional Alberto D’Agostini.

Además, cuatro de sus altos ejecutivos están formalizados tras una querella criminal del Consejo de Defensa del Estado (CDE) por falsificar datos de mortalidad de peces, contaminar el agua y por fraude de subvenciones de la Ley Navarino.

A raíz de esto, la empresa se encuentra en una situación compleja, y autoridades regionales están negociando un posible acuerdo compensatorio para que la salmonera pueda pagar los daños causados sin cesar sus operaciones, evitando la consecuente afectación a los trabajadores.

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Dichos del Senador

El senador de Magallanes, Alejandro Kusanovic, se sumó a la polémica tras llamar a “golpear la mesa en Santiago y exigir una solución para el problema de Nova Austral”, sugiriendo medidas como que no se les revoquen los permisos caducados, que se re localicen las concesiones y que se libere el dinero retenido por la querella contra entrega de fondos de la Ley Navarino. 

Las declaraciones levantaron reclamos desde organizaciones ambientalistas y representantes de comunidades Kawesqar, que lo acusan de querer “que se salten los procesos legales” y de relativizar el daño ambiental y las infracciones cometidas por la empresa, que atraviesa un proceso judicial.

“No parece muy oportuno que un senador plantee que hay que golpear la mesa al Gobierno para exigir una solución a una empresa que reiteradamente incumplió la ley, afectando gravemente el patrimonio natural de la región de Magallanes, menos aún cuando hoy el caso se encuentra a la espera de que la justicia, que es un poder independiente, emita su veredicto”, declaró Flavia Liberona, director de la ONG Terram. 

¿Qué pasa con los trabajadores?

A raíz de la situación de las y los trabajadores, desde Terram empatizaron con la preocupación, pero instaron al Gobierno a “jugar un rol activo en esta materia, creando un plan de reconversión laboral o transición justa que apunte a la protección de las trabajadoras y trabajadores, pero por ningún motivo abrir la puerta a un perdonazo a la empresa insigne de la contaminación marina”, recomendó Liberona. 

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