El nuevo proceso constituyente tiene el desafío de abordar tanto las tensiones que han causado la actual crisis social e institucional, como los presentes y futuros que requieren modificaciones en el derecho para mejorar el bienestar de las personas que habitamos y habitarán en Chile. Entre las discusiones relevantes, la relación con nuestro medioambiente es uno de los temas principales incluidos en la nueva Constitución y, dentro de él, es de particular importancia el tema del agua.

El agua es un bien natural escaso y a la vez un recurso estratégico y esencial para el desarrollo de la vida y del país. Aunque en constituciones anteriores no se ha tratado profundamente el tema, no es un secreto que el estrés hídrico es uno de los efectos más graves de la crisis climática y ecológica en nuestro país. Siendo que, además, la conflictividad territorial en torno al agua ha sido uno de los temas más importantes en muchos territorios a lo largo de Chile.

Nos parece que una nueva Constitución debiera partir de esta realidad para dar con soluciones razonables que permitan asegurar una distribución justa y un uso adecuado de las aguas, cuestión que requiere tanto de instituciones específicas en materia hídrica, como de otras relacionadas al medioambiente en general y a la toma de decisiones a nivel territorial.

En lo que se refiere propiamente a las aguas, si bien la repartición, administración y gestión del agua puede exceder a una Constitución que presumiblemente será de normas generales y principios, existen ciertas guías que debieran incorporarse para asegurar que la legislación sea construida e interpretada teniendo en cuenta el interés común.

Así, por ejemplo, en materia propiamente hídrica, sería un buen comienzo reconocer que el agua es un bien que la naturaleza ha hecho común a todas las personas, al que todas las personas tienen derecho y cuyo uso debe propiciar el bienestar general, asegurando especialmente el uso humano, el saneamiento y la producción de alimentos de una forma sostenible.

En materia ambiental, nos parece clave reconocer la centralidad de las cuencas como unidades geográficas que requieren de una mirada integrada para el uso tanto de las aguas como de otros bienes naturales, a la par que se vuelve importante proteger ecosistemas que son esenciales para el ciclo hídrico, como los glaciares, humedales y bosques. Para todo esto, el ordenamiento territorial, que ha sido largamente esperado por actores de todos los sectores, podría ser una excelente marca del nuevo texto constitucional.

Pero todo lo anterior estaría inconcluso sin instituciones que se encarguen de que las cosas sucedan, siendo que tanto a nivel central como regional existen hoy complejidades a propósito de la inercia constitucional.

Una agencia autónoma a nivel central, mandatada por la Constitución pero creada por ley. podría ser una solución. Un mandato regional o por cuencas para la administración y ordenamiento constituiría la solución en el siguiente nivel.

Algunas de las propuestas que acá se enumeran son solo avances complementarios a lo que la normativa ambiental y de aguas ya ha creado, mientras que otras responden a anhelos de larga data para quienes han buscado soluciones en materia de aguas. Incluso algunas de estas ideas fueron recogidas en la propuesta rechazada en 2022 y han sido promovidas también por instituciones internacionales y la academia.

Tenemos el convencimiento de que pueden ser deliberadas y acordadas por todos quienes se han propuesto participar del proceso constituyente para tener una mejor Constitución y un país que apunte a un modelo de desarrollo más justo de cara al futuro.