Cuando los generales terminan explicando sus viajes ante los tribunales, el problema ya no es únicamente judicial, es una crisis moral de mando. Y esa es una herida que ningún uniforme puede ocultar.
El Milicogate implicó la sustracción de miles de millones de pesos provenientes de recursos públicos destinados a la defensa nacional, y la existencia de una cultura de privilegios enquistada durante años en la cúpula del Ejército. Dentro de esa larga historia de abusos, la arista denominada “Pasajes y Fletes” constituye una de las expresiones más obscenas de esa degradación institucional.
Mientras miles de chilenos financian con sus impuestos el funcionamiento del Estado, un grupo de altos oficiales habría utilizado recursos destinados a misiones oficiales para costear beneficios personales, viajes familiares, escalas turísticas, hoteles, arriendos de vehículos y otros gastos completamente ajenos al interés público.
La mecánica era simple y brutalmente efectiva. Agencias de viajes como Tupper Viajes y Turavión emitían cotizaciones infladas, se incorporaban destinos innecesarios, se agregaban familiares y luego se generaban facturas por montos superiores al gasto real. La diferencia retornaba a los oficiales mediante efectivo, cheques o depósitos disfrazados bajo conceptos tan absurdos como “exceso de equipaje”.
Los nombres que aparecen en esta arista son numerosos: Humberto Assadi, Gonzalo Aliaga, Sergio Vásquez, Iván Fabres, John Griffiths, Humberto Oviedo y Ricardo Martínez, entre otros. Las cifras son igualmente elocuentes. Existen casos donde los perjuicios investigados fluctúan entre los US$5.000 y los US$12.000 por cada oficial y su grupo familiar.
Pero el hecho que vuelve a poner el foco sobre esta trama es la declaración prestada en abril de este año por el último excomandante en jefe Javier Iturriaga del Campo.
De acuerdo a Interferencia, Iturriaga declaró durante tres horas ante la ministra en visita Ana María Osorio, en calidad de inculpado, en el marco de la arista “Pasajes y Fletes”. La diligencia se concentró en los beneficios económicos asociados a su desempeño como agregado militar en Brasil durante 2014.
Los registros obtenidos vía Transparencia indican que el Ejército desembolsó aproximadamente US$6.693 por sus pasajes de retorno a Chile; más de US$3.000 por concepto de flete internacional al inicio de la misión; cerca de US$9.000 por el traslado de regreso; US$1.442 en viáticos; otros US$890 en embalaje; y aproximadamente US$27.000 para financiar el arriendo de una vivienda. A ello debe agregarse una remuneración superior a los US$204.000por el año de destinación. En total, la suma supera los US$252.000.
Recibir asignaciones institucionales no constituye por sí mismo una irregularidad. La cuestión que investiga la ministra Osorio es si parte de estos recursos fueron utilizados de manera impropia o si existieron mecanismos semejantes a los descritos en otros casos de la misma arista. Es aquí donde aparece el verdadero problema político.
El filósofo Paul Ricoeur sostenía que la corrupción más peligrosa no es aquella que vulnera una norma aislada, sino aquella que normaliza la excepción hasta convertirla en costumbre. Cuando una organización comienza a considerar ciertos privilegios como derechos adquiridos, el deterioro ético deja de ser individual y pasa a ser estructural.
Resulta difícil creer que prácticas que involucraban agencias de viajes, reembolsos, modificaciones de itinerarios y movimientos de dinero hayan permanecido ocultas para todos los niveles superiores de la cadena de mando.
El sociólogo Robert K. Merton explicaba que las organizaciones pueden desarrollar mecanismos de adaptación desviada cuando los incentivos internos terminan premiando conductas alejadas de los fines originales de la institución. En esos contextos, la estructura deja de corregir los abusos y comienza a reproducirlos.
Los nombres que han aparecido en la investigación no corresponden a oficiales marginales. Son generales. Integrantes del alto mando. Comandantes en jefe. Personas que tenían la obligación de resguardar recursos públicos y de transmitir una cultura de probidad a sus subordinados. El filósofo Fernando Savater ha escrito que la autoridad moral se pierde cuando quienes exigen disciplina no son capaces de disciplinarse a sí mismos.
Durante décadas el Ejército exigió obediencia, honor, rectitud y sacrificio. Sin embargo, una parte de su dirigencia parece haber entendido esos principios como obligaciones destinadas únicamente a los rangos inferiores. Mientras la institución invocaba constantemente el honor militar, los tribunales debían indagar facturas, pasajes, hoteles, fletes y devoluciones de dinero.
La declaración de Javier Iturriaga no representa el cierre del Milicogate, demuestra que, más de una década después de iniciadas las primeras investigaciones, las sombras de la corrupción continuarían alcanzando los niveles más altos de la institución.
Cuando los generales terminan explicando sus viajes ante los tribunales, el problema ya no es únicamente judicial, es una crisis moral de mando. Y esa es una herida que ningún uniforme puede ocultar.