Sentencia fijó penas de hasta 4 años de presidio y multas millonarias por irregularidades en adquisición de aeronave institucional del Ejército.
Foto: Agencia Uno
La compra de un avión Cessna para la Comandancia en Jefe del Ejército en 2012 terminó años después en una investigación judicial, luego de detectarse irregularidades en el proceso que generaron un perjuicio fiscal superior a los $623 millones en una operación que superó los 9 millones de dólares.
El caso fue investigado por una ministra en visita de la Corte Marcial, quien estableció responsabilidades penales por los delitos de fraude al Fisco y falsedad en materia de administración militar, dictando condenas contra ocho integrantes del Ejército, uno de los cuales aún se encuentra en servicio activo.
En la sentencia se determinó que las irregularidades en la adquisición de la aeronave provocaron un perjuicio total de $623.084.575 al Estado, lo que dio lugar a penas de cárcel y multas para todos los involucrados, en función de su grado de participación.
Uno de los condenados recibió dos penas de 541 días de presidio sin beneficios, junto con una multa de $35.845.037, tras ser hallado culpable tanto de fraude al Fisco como de falsedad en la administración militar.
Otro de los implicados fue condenado a 4 años de presidio con el beneficio de libertad vigilada y al pago de una multa de $71.690.075 por fraude al Fisco.
En tanto, un tercer involucrado deberá cumplir dos penas de 4 años de presidio efectivo, sin beneficios, además de pagar la misma multa, al acreditarse su participación en ambos delitos.
También se dictaron condenas de 818 días de presidio con libertad vigilada y multas de $35.845.037 en casos donde se estableció responsabilidad en ambos ilícitos. En otros, las penas fueron de 3 años y un día de presidio, algunas sin beneficios y otras con libertad vigilada, junto con multas por el mismo monto.
Entre los condenados figura un funcionario que permanece en servicio activo, quien fue sentenciado a 3 años y un día de presidio con libertad vigilada y al pago de una multa de $35.845.037. Asimismo, otro de los implicados recibió una pena de 4 años de presidio con libertad vigilada, además de la misma sanción económica.
La sentencia concluyó que las irregularidades en la compra del avión configuraron delitos que afectaron directamente al patrimonio fiscal, estableciendo penas privativas de libertad y multas proporcionales al daño causado.
