Chile está cansado. Cansado de trabajar más y vivir peor. Cansado de endeudarse para sobrevivir, de esperar meses por una atención médica, de ver cómo el sueldo desaparece antes de fin de mes y cómo la tranquilidad se transforma, poco a poco, en un privilegio. Hace décadas que nuestro país habita una peligrosa monotonía del desencanto: la sensación persistente de que, por más esfuerzo que hagan las personas, la vida nunca termina de volverse más justa, más digna ni más segura.
Y mientras millones de familias viven esa realidad cotidiana, en el Congreso avanzan reformas económicas presentadas como necesarias para recuperar el crecimiento y la estabilidad, pero cuyos costos vuelven a recaer, una vez más, sobre quienes ya sostienen silenciosamente el peso del país todos los días.
Ese país cansado tiene rostro. Tiene el rostro de la madre que trabaja toda la semana y aun así no logra cubrir el costo de la vida; de las personas mayores que esperan meses por una atención médica mientras aprenden a convivir con el dolor; del trabajador que vive con miedo a enfermarse, perder el empleo o simplemente no poder seguir pagando las cuentas.
Tiene también el rostro de jóvenes que estudian, se esfuerzan y aún así sienten que el futuro siempre queda un poco más lejos de lo prometido. Y, quizás más doloroso todavía, tiene el rostro de niños y niñas que crecen viendo el agotamiento permanente de los adultos que aman. Ese Chile rara vez aparece en las planillas excel o en los discursos sobre crecimiento económico, pero es precisamente el que permite el funcionamiento cotidiano del país.
La “megarreforma tributaria” es muestra de esta dicotomía entre la receta inevitable para recuperar el crecimiento económico propuesta por la clase política al mando de La Moneda, versus la realidad de miles de chilenas y chilenos de a pie que afrontan las consecuencias. Porque detrás del lenguaje técnico y de las promesas de estabilidad, lo que comienza a instalarse es una lógica conocida: reducir el rol del Estado, debilitar apoyos sociales y volver a cargar los costos sobre quienes ya viven al límite.
Porque cuando se habla de “ajuste”, de “achicar el Estado” o de “eficiencia fiscal”, no estamos hablando solamente de cifras. Estamos hablando de municipios con menos recursos, de Pymes que deberán cerrar, de tratamientos que se postergan, ayudas que desaparecen y familias que quedan todavía más solas frente a la incertidumbre.
Hasta que llegamos a un punto en que la desigualdad deja de sentirse solamente injusta y comienza a sentirse insoportable. Un país no puede seguir exigiendo sacrificios a quienes llevan años sacrificándolo todo: tiempo, salud mental, descanso, vínculos familiares y tranquilidad. No se puede construir estabilidad económica sobre el agotamiento permanente de las personas, ni seguir prometiendo prosperidad futura mientras millones cargan hoy con los costos concretos de esas decisiones. Cuando sobrevivir consume toda la energía de una sociedad, lo que empieza a deteriorarse no es solo la economía: es también la esperanza.
Chile lleva años acumulando ese desgaste silencioso. Se ve en la salud mental deteriorada de nuestra población, en la desesperanza de muchos jóvenes y en familias completas que sienten que, por más esfuerzo que hagan, nunca logran alcanzar una vida digna. Y frente a esa fragilidad social acumulada, preocupa que volvamos a escuchar recetas económicas que ya conocemos demasiado bien: la promesa de que el bienestar llegará a las mayorías si primero se beneficia a quienes más tienen.
La experiencia internacional demuestra lo contrario. Ningún crecimiento será verdaderamente sostenible si para alcanzarlo seguimos debilitando justamente aquello que permite vivir con dignidad: la salud pública, la educación, las redes de apoyo social y la tranquilidad de saber que el futuro puede ser un poco mejor que el presente. No existe desarrollo posible en un país emocionalmente agotado.
Y todo esto se vuelve todavía más alarmante cuando se observan algunas medidas concretas de la megarreforma tributaria aprobada hoy. Se impulsa una rebaja tributaria al mercado inmobiliario mediante modificaciones al DFL2, favoreciendo principalmente a quienes acumulan propiedades como inversión, mientras miles de familias siguen viendo cada vez más lejana la posibilidad de acceder a una casa propia.
Al mismo tiempo, se debilita el financiamiento del Fondo Común Municipal, del cual muchas comunas dependen para sostener servicios básicos y programas esenciales: en La Pintana, por ejemplo, más del 80% de sus ingresos proviene de este mecanismo; en Puente Alto supera el 73% y en La Florida alcanza más del 43%.
Grave también es la invariabilidad tributaria por 25 años para grandes inversiones extranjeras, porque amarra a futuras generaciones y limita la soberanía democrática para adecuar la política tributaria a los desafíos económicos, sociales y ambientales del país. Se establecen verdaderos candados que privilegian certezas para grandes capitales por sobre la capacidad del Estado de responder a las necesidades ciudadanas.
En resumidas cuentas, la megarreforma tributaria aprobada es un atentado a la democracia, porque impide que las mayorías futuras puedan decidir soberanamente sobre la política fiscal del país. Se profundizan beneficios para grandes empresas mientras se debilita la justicia ambiental, avanzando en la dirección contraria al Acuerdo de Escazú, mientras el Estado muestra rapidez para proteger a las grandes empresas, muchas familias endeudadas siguen enfrentando, sin apoyo, enfermedades, cesantía y deudas imposibles de sostener, como el CAE.
Pero incluso más preocupante que muchas de estas medidas, es la lógica que comienza a instalarse detrás de ellas. Mientras la ciudadanía prefiere corregir lo que funciona mal, fortalecer lo que da resultados y construir sobre lo ya alcanzado, el gobierno actual, poco a poco, quiere reinstalar la idea de que Chile solo puede crecer si el Estado retrocede, si los derechos sociales se debilitan y si las dinámicas de mercado vuelven a ocupar el centro de la vida cotidiana. No estamos frente a simples ajustes técnicos o correcciones administrativas: estamos frente a un proyecto que busca refundar Chile y que se da solo en 60 días de gobierno.
Nuestro país necesita volver a encontrarse consigo mismo. Volver a creer que el desarrollo puede significar una vida más tranquila, más justa y más segura para quienes sostienen este país todos los días. Y apostar por ese desafío es algo de lo que jamás debemos cansarnos.
Porque gobernar un país no es administrar una empresa. Las personas no somos cifras de productividad ni balances financieros y nuestras vidas y su calidad, no son metáforas. Un país tiene dolores, desigualdades, afectos, miedos y esperanzas. Y cuando la política pierde esa dimensión humana, termina alejándose peligrosamente de la realidad.
