Cuando la inclusión se limita al acceso y no transforma las condiciones del empleo, existe el riesgo de institucionalizar formas diferenciadas de precariedad.
La discusión sobre la inclusión laboral de las personas trans, travestis y no binarias (TTNB) en Chile suele presentarse como un problema de acceso. La pregunta que domina el debate es cuántas personas logran ingresar al mercado laboral y qué mecanismos podrían facilitar su contratación.
Sin embargo, los resultados de la Encuesta Chile Trans 2023 muestran que esa mirada es insuficiente. El problema no es únicamente la exclusión del empleo, sino también las características del empleo disponible y las formas en que la discriminación opera dentro de un modelo laboral estructuralmente precario.
La investigación desarrollada por Fundación SOL y OTD Chile con el apoyo de la Fundación Heinrich Böll, constituye un aporte relevante precisamente porque desplaza la discusión desde una lógica individual hacia una comprensión estructural. Las trayectorias laborales de las personas trans no pueden entenderse como el resultado de decisiones personales o déficits individuales.
Por el contrario, están atravesadas por procesos de discriminación que comienzan mucho antes del ingreso al mundo del trabajo: expulsión de espacios familiares, abandono escolar, violencia institucional y exclusión de redes de protección social.
En este sentido, la discriminación laboral hacia las personas TTNB no es un fenómeno aislado ni excepcional, es la expresión concreta de relaciones de poder que organizan la sociedad y que determinan quiénes son considerados sujetos legítimos para estudiar, trabajar y desarrollar proyectos de vida autónomos.
Las dificultades de acceso al empleo aparecen así como la etapa final de una cadena de exclusiones que se inicia tempranamente y que limita las oportunidades de acumulación de credenciales educativas, experiencia laboral y seguridad económica.
Sin embargo, uno de los aspectos más interesantes del informe es que evita caer en una lectura reduccionista. La exclusión que afecta a la población trans posee especificidades propias, pero se desarrolla en un mercado laboral que ya ofrece condiciones endebles para amplios sectores de la población trabajadora.
Chile ha construido durante décadas un modelo de empleo caracterizado por la inestabilidad, la fragmentación, la flexibilidad empresarial y la insuficiencia de ingresos. Incluso aquellos empleos que aparecen como "formales" en las estadísticas suelen estar marcados por jornadas parciales involuntarias, contratos temporales, incertidumbre respecto de la continuidad laboral y una débil seguridad social.
Este contexto obliga a cuestionar una idea que suele aparecer en los debates públicos: que la inclusión laboral es, por sí misma, una solución suficiente. Incluir personas TTNB en empleos precarios no equivale necesariamente a garantizar derechos. El acceso a un puesto de trabajo puede representar un avance importante frente a la exclusión absoluta, pero resulta insuficiente si esos empleos reproducen bajos salarios, inestabilidad o ambientes laborales hostiles a causa de la discriminación.
La experiencia argentina analizada en el informe ofrece una advertencia relevante. Las políticas de cupo laboral trans pueden abrir oportunidades efectivas de contratación, pero también pueden terminar concentrándose en puestos de baja jerarquía, contratos temporales y trayectorias laborales sin posibilidades reales de desarrollo. Cuando la inclusión se limita al acceso y no transforma las condiciones del empleo, existe el riesgo de institucionalizar formas diferenciadas de precariedad.
Por ello, las políticas de inclusión laboral deben ser pensadas desde una perspectiva estructural. No basta con aumentar las contrataciones. Resulta indispensable intervenir simultáneamente en los mecanismos que producen desigualdad educativa, segregación ocupacional, discriminación en los lugares de trabajo y vulnerabilidad económica. De lo contrario, las acciones afirmativas terminan operando sobre los efectos visibles de la exclusión sin alterar las causas que la generan.
El informe también deja una enseñanza metodológica que merece ser destacada. Las herramientas tradicionales para medir empleo y desempleo resultan insuficientes para comprender las experiencias laborales de poblaciones históricamente marginadas. La propia investigación dedica un esfuerzo significativo a discutir las limitaciones de los instrumentos disponibles, las dificultades de clasificación de las identidades de género y los desafíos éticos involucrados en la producción de datos.
Esta reflexión metodológica es especialmente relevante porque pone en evidencia que las estadísticas no son neutrales. Las categorías utilizadas para medir la realidad condicionan aquello que podemos observar. Cuando las encuestas fueron diseñadas pensando exclusivamente en poblaciones cisgénero (personas cuya identidad de género y sentido de sí mismas coinciden con el sexo que se les asignó al nacer), numerosas experiencias de discriminación, exclusión y precarización permanecieron invisibilizadas para las instituciones públicas.
De ahí surge la necesidad de desarrollar nuevas metodologías capaces de capturar la complejidad de las trayectorias laborales contemporáneas. La perspectiva interseccional propuesta por el estudio constituye un paso fundamental en esa dirección. La identidad de género no actúa de manera aislada, sino en interacción permanente con variables como clase social, edad, territorio, nivel educativo, discapacidad, nacionalidad y origen étnico. Comprender el empleo desde esta mirada implica reconocer que las desigualdades se acumulan, se superponen y se refuerzan mutuamente.
La discusión - hoy paralizada- sobre el cupo laboral trans, por tanto, no debería reducirse a una controversia sobre porcentajes de contratación. Lo que está en juego es una pregunta mucho más profunda: qué tipo de trabajo considera aceptable una sociedad para quienes históricamente han sido excluidos. Si el horizonte es la igualdad sustantiva, las políticas públicas deben apuntar no sólo a abrir las puertas del mercado laboral, sino también a transformar las condiciones de precariedad y discriminación que existen dentro de él.
La inclusión laboral efectiva requiere algo más que presencia estadística. Requiere trabajo digno, estabilidad, reconocimiento y autonomía económica. Y exige, además, nuevas formas de producir conocimiento que permitan comprender las múltiples dimensiones de la desigualdad. El principal aporte de este informe es recordarnos que la justicia laboral para las personas TTNB no puede pensarse como una excepción o una política sectorial: forma parte de la tarea más amplia de democratizar el trabajo y garantizar condiciones de vida dignas para todas las personas.