Poner en el centro de las preocupaciones la situación y las condiciones laborales de los trabajadores debiese abrir un debate público más informado y respetuoso.
salmonicultura
Resulta a todas luces condenable la reacción de rechazo, intimidación y amenazas que han recibido integrantes de Fundación Libera y del Centro Ecoceanos tras presentar antecedentes durante la investigación de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR). En una democracia, ninguna diferencia de opinión justifica intentar amedrentar, amenazar o silenciar a quienes participan del debate público.
Más preocupante aún fue que buena parte de la discusión se concentrara en cuestionar a quienes formularon esas observaciones, antes que en examinar los problemas que buscaban poner sobre la mesa. La investigación de la USTR tuvo como objeto evaluar si distintos países cuentan con mecanismos suficientemente eficaces para impedir la importación de bienes producidos mediante trabajo forzoso.
Sin embargo, la participación de Libera y Ecoceanos en ese proceso -que se encaminaba, como ONG’s, a mejorar la regulación, no en favorecer mayores aranceles- evidenció la fuerte reactividad que aún existe cuando se plantean preguntas sobre los estándares laborales de una de las principales industrias exportadoras del país. Esas preguntas, además, no surgieron con esta controversia. Chile es el segundo productor mundial de salmón, exporta más de US$6.000 millones anuales y la propia industria informa de alrededor de 86.000 empleos directos e indirectos.
Precisamente por su importancia económica, las condiciones en que se desarrolla esa actividad llevan años siendo objeto de análisis. Fundación Terram estimó en 2025 que cerca de 41.000 trabajadores se desempeñan mediante empresas contratistas y que varias de las labores de mayor riesgo —como el buceo profesional, la mantención y el manejo de mortalidades— se realizan bajo ese régimen.
Del mismo modo, el informe Industria Salmonera en Chile y Derechos Humanos, elaborado por el Instituto Danés de Derechos Humanos y el Instituto Nacional de Derechos Humanos (2021), identificó desafíos relevantes en materia laboral, socioambiental y de derechos de los pueblos indígenas.
Entre otros aspectos, advirtió que, pese a encontrarse por sobre el salario mínimo, muchas remuneraciones permanecen por debajo de un salario digno; que los turnos prolongados afectan la vida familiar y la salud mental; y que el tipo de contratación dificulta el ejercicio efectivo de derechos laborales y sindicales. Tampoco se trata de un problema del pasado. El mismo informe utilizó estadísticas oficiales de DIRECTEMAR que registraban 164 accidentes de buceo y 32 trabajadores fallecidos entre 2004 y 2017.
Más recientemente, una actualización de la Biblioteca del Congreso Nacional (2026), basada en los mismos registros oficiales, elevó esa cifra a 288 buzos accidentados entre 2004 y mayo de 2026, de los cuales un 18% correspondió a accidentes con resultado de muerte. Las observaciones al sector tampoco provienen exclusivamente de organizaciones ambientalistas.
Tras su visita oficial a Chile en 2024, el Relator Especial de Naciones Unidas sobre derechos humanos y medio ambiente recomendó establecer una moratoria a la expansión de la salmonicultura en la Patagonia hasta contar con una evaluación científica independiente de sus impactos acumulativos. En ese contexto, difícilmente puede sostenerse que las críticas al sector sean aisladas o carezcan de fundamento.
El propio informe del INDH reconoce que la salmonicultura ha contribuido a la generación de empleo, pero también que persisten importantes debilidades respecto a estándares laborales, ambientales y sociales.
Quizás la principal paradoja de esta controversia sea que una industria que suele reivindicar la generación de empleo y su "valor social" como parte importante de su legitimidad haya respondido con tanta intensidad cuando se plantean preguntas sobre la calidad de ese mismo empleo. Si el trabajo constituye uno de sus principales aportes al país, entonces la seguridad, la dignidad y la protección de quienes lo realizan debieran ocupar también un lugar central en la conversación pública.
Tipificar el trabajo forzoso como delito autónomo, fortalecer la regulación del trabajo subcontratado —especialmente en labores de alto riesgo como el buceo en la salmonicultura—, promover una sindicalización autónoma e independiente de las empresas contratistas y mejorar la producción de información pública sobre accidentabilidad son cuestiones que merecen ser atendidas con celeridad.
Poner en el centro de las preocupaciones la situación y las condiciones laborales de los trabajadores debiese abrir un debate público más informado y respetuoso, donde las diferencias se respondan con argumentos y las opiniones críticas sean recibidas y no silenciadas.
