Vivimos un cambio político notable. La ciudadanía se aparta del Estado subsidiario y de los políticos tradicionales y entrega las riendas del país a una nueva generación. Encabezada por Boric, anuncia el compromiso de terminar con el periodo oscuro que conculcó por 40 años los derechos económicos, sociales y políticos de las mayorías. Un nuevo gobierno y el término de la Constitución del 80 son los referentes para impulsar transformaciones en favor de la justicia e igualdad.

La explosión popular del 18-O puso de manifiesto que la transición del régimen militar a la democracia ha sido profundamente insatisfactoria. La mayoría de la sociedad ya no cree que el crecimiento y el asistencialismo -fundamentos programáticos de la Concertación y la derecha- sean la solución a los males del país, ni tampoco que la actual institucionalidad política sea el paradigma de la representación ciudadana.

El ciclo político de 30 años de los partidos y dirigentes de la centroizquierda se encuentra agotado. Gran parte de la generación que gobernó con Salvador Allende y llevó a cabo el tránsito de la dictadura a la democracia no tuvo voluntad para terminar con el neoliberalismo, aceptando injusticias, desigualdades e incluso corruptelas.

El alza de los 30 pesos fue sólo el detonante, que desató el enojo incontenible contra un sistema que enriquecía al 10% y convertía en tragedia cotidiana la vida del 90% de la familia chilena.

Primero fueron los jóvenes de la enseñanza media y luego los universitarios quienes encendieron la chispa de las transformaciones. Una educación pública destrozada y un CAE insoportable impulsó movilizaciones en favor de una educación gratuita y digna. Esas protestas se extendieron rápidamente a demandas feministas, de los pueblos originarios, medioambientalistas, regionalistas, contra las AFP y por una salud decente.

Jóvenes decididos, apoyados por “viejos jóvenes”, construyeron un bloque por los cambios, que sentó las bases para terminar con la Constitución de Pinochet-Guzmán y luego permitió el triunfo de Apruebo Dignidad, con Boric en la Presidencia.

El crecimiento como argumento principal de la transición perdió legitimidad. Olvidó los temas de mayor preocupación ciudadana: la sindicalización de los trabajadores; las desigualdades de ingresos; educación, salud y jubilaciones dignas; industrialización de los recursos naturales; la defensa de los consumidores y de las pymes, los derechos de los pueblos originarios, un Estado defensor de los débiles y una política internacional latinoamericanista. Por cierto, ahora también están presentes los temas nuevos, que alimentan la propuesta de transformaciones: feminismo, ecologismo y la regionalización.

La ciudadanía le creyó a la nueva generación y se comprometió con sus dos iniciativas fundantes: el gobierno de Boric y la nueva Constitución (NC). Ambas apuntan a construir un país más decente, justo e igualitario. El camino no está sembrado de rosas, como tampoco lo estuvo el de Allende.

En efecto, los grandes negocios se resisten a los cambios, mientras la derecha no acepta disminuir sus posiciones de poder. Tampoco los cambios agradan a senadores de “centroizquierda”, los que temen, con la NC, la perdida de sus cargos. Y, por cierto, la prensa conservadora, como siempre, respalda a los poderosos. El Partido del Orden es entonces enemigo del gobierno de Boric y también de la Convención Constitucional (CC).

El Partido del Orden tiene temor por la pérdida de sus privilegios. A los grupos económicos les duele que sus ganancias extraordinarias se conviertan en normales.

A la clase política, de derecha y “centroizquierda”, le incomoda la paridad de derechos de la mujer, que los jóvenes tomen decisiones y, sobre todo, que los marginados de siempre tengan representación en las instituciones de la República. Ello explica que la CC y el gobierno sean atacados duramente por los grupos económicos, los medios de comunicación del establishment y una centroizquierda convertida en amarilla.

La rebelión del 18 de octubre, y luego el acuerdo por la paz del 15 de noviembre, fueron un desafío a las desigualdades y abusos del modelo económico y también a la escasa participación ciudadana en el sistema político.

La vida del país ha cambiado. Los jóvenes, que se saltaron los torniquetes del Metro y se movilizaron el 18-O, han dado nuevas esperanzas a la sociedad. Fueron capaces de aglutinar a una gran mayoría de personas, que antes habían estado ausentes de la vida política. Son los que ahora están en el nuevo gobierno y los que han redactado la nueva Constitución. La generación de recambio ha sido fundamental para la democratización política y ofrece esperanzas de una mejor vida a nuestra sociedad.

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