Cero muertes. Eso mostró un estudio recientemente publicado en The Lancet: entre las mujeres inglesas de 20 a 24 años vacunadas contra el virus del papiloma humano (VPH) a los 12 o 13 años, no se registró ninguna muerte por cáncer cervicouterino entre 2020 y 2024, frente a las 23,1 esperadas según las tasas históricas. Es la primera evidencia poblacional de que la vacuna no solo reduce la incidencia de este cáncer, sino que puede reducir drásticamente su mortalidad, casi hasta eliminarla.
Ese cero no es casualidad: requirió voluntad de las autoridades, nuevos recursos y un sistema capaz de cumplir las metas de vacunación, pesquisa y tratamiento precoz; en suma, una política pública universal fortalecida en el tiempo. Requirió también paciencia, porque en salud pública los resultados tardan años en aparecer: el cero inglés proviene de un programa iniciado en 2008, cuya primera cohorte protegida recién hoy alcanza la edad de riesgo. Esa latencia desacopla los beneficios del calendario electoral y encierra una advertencia: dejar de invertir hoy no produce un daño visible mañana, pero compromete resultados que solo se echarán de menos dentro de una década.
Eliminar un cáncer es una meta ambiciosa: un desafío país que exige una política de Estado robustecida en el tiempo, no solo una mejor administración de lo existente. Chile lo ha entendido así. La vacunación contra el VPH comenzó en 2014 para las niñas de 4º básico y se amplió a los varones en 2019.
En 2024 el país adhirió a la estrategia de eliminación de la Organización Mundial de la Salud y la tradujo en acciones concretas: actualizó la vacuna a la versión nonavalente en dosis única, recuperó las coberturas golpeadas por la pandemia —de 65% en 2021 a 90,4% en 2025— e incorporó al GES el test molecular de VPH, más preciso que el anterior. Cada uno de esos pasos exigió destinar más recursos; ninguno habría sido posible con el presupuesto de siempre.
Las autoridades sanitarias están llamadas a no conformarse con mantener lo que ya existe. En 2024, Chile fue el primer país del hemisferio sur en inmunizar universalmente a los lactantes contra el virus respiratorio sincicial, y logró algo inédito: ninguna muerte por este virus en menores de un año, dos inviernos seguidos. El programa costó 45,28 millones de dólares y generó ahorros sanitarios estimados en 68,78 millones. Invertir más fue, también, gastar mejor.
De ahí la primera condición para seguir llegando a cero: un Estado que protege debe estar a la vanguardia. Escuchar a la ciencia, evaluar el impacto de cada medida y tener la voluntad de implementarla, entendiendo que no gasta, sino que invierte. Los grandes logros sanitarios no nacen de optimizar lo existente, sino de incorporar a tiempo lo que protege más y robustecer los programas en marcha. Administrar bien lo disponible es necesario, pero no basta: llegar a cero exige potenciar y ampliar lo que ya funciona.
La segunda condición es que esa protección no deje a nadie fuera: una meta de eliminación solo se alcanza si la política es universal. Hay quienes han planteado que ciertas personas, por su situación migratoria o su país de origen, no debieran acceder a las prestaciones de salud. Eso no solo es injusto: compromete los resultados de toda la política. El virus no distingue nacionalidades, y la única forma de que cada uno esté protegido es que lo estemos todos.
Chile puede estar encaminado a eliminar el cáncer cervicouterino. Entre 2002 y 2022, la mortalidad ajustada por este cáncer cayó de 10,35 a 6,07 por cada 100.000 mujeres, un 41,3% menos. Los hallazgos de Inglaterra bien podrían ser una postal de nuestro futuro. Que lo sean dependerá de la voluntad de las autoridades de seguir fortaleciendo esta política universal.
Nuestro país ha protagonizado hitos históricos en salud pública: la erradicación de la viruela en 1950, la eliminación de la poliomielitis en 1975 y del sarampión en 1992, la ágil y rápida vacunación contra el COVID durante la pandemia, las cero muertes en lactantes por virus sincicial desde 2024 y, ahora, el horizonte de eliminar el cáncer cervicouterino.
Todos fueron obra de autoridades de distintos sectores políticos que decidieron invertir en ellos; ninguno se conformó con administrar mejor lo que ya se hacía, y todos requirieron más recursos, no menos. La pregunta que queda abierta es dónde decidirá invertir este gobierno para seguir fortaleciendo nuestro sistema de salud, porque un Estado que deja de invertir renuncia a la trayectoria que ha hecho de la salud pública chilena una historia de logros.
