Como sociedad responsable, no podemos desentendernos de las polémicas en torno a los abusos denunciados en la práctica psiquiátrica en Valparaíso. Estos abusos implicarían procedimientos irregulares que violan los derechos humanos.

Esta columna no se enfoca en comprobar si se realizaron o no procedimientos inhumanos ni en las condiciones institucionales. Más bien me enfocaré en discutir las reacciones y justificaciones de distintas asociaciones relacionadas con las profesiones de salud frente a las denuncias.

Los gremios a menudo reaccionan rápidamente a las situaciones que ponen en riesgo la reputación de sus miembros ante la opinión pública. Cierto, existe el legítimo de derecho de protección ante una situación injusta, pero al tratarse de profesionales hay una primera responsabilidad que es hacia la sociedad. Su responsabilidad es precisamente lo que justifica que tengamos a profesionales trabajando en las organizaciones y que, a cambio, las profesiones reciban altos salarios, tengan autonomía de decisión y, a fin de cuentas, estén en una situación de privilegio en el mercado ocupacional.

Sin embargo, la reacción que hemos visto ante el ‘escándalo de la psiquiatría’ es una de descargo y exculpación arguyendo ‘escasez de recursos’, con lo que habría una justificación moral para las prácticas inhumanas, y ciertamente no la hay. Si resumiéramos este razonamiento a una fórmula lógica, ésta sería: ‘mientras más recursos, menos violaciones a los derechos humanos’ (y viceversa, desafortunadamente).

El peligro de este tipo de razonamiento es la actitud relativista respecto a los derechos humanos. Por extensión, es una actitud relativista hacia los demás seres humanos, ya que individualmente somos titulares de esos derechos.

Pero un entendimiento tan pobre de lo que constituyen los derechos humanos denota también lo que adeuda la enseñanza de la ética en las profesiones, a menudo restringida a una deontología, descontextualizada y probablemente limitada en cuanto al discernimiento ético en situaciones problemáticas como ésta. Repetimos los códigos deontológicos al pie de la letra, pasamos los exámenes y olvidamos enseguida. Hasta que aparece un nuevo escándalo. Reaccionamos indignados y exigimos castigo. ¿Qué ocurrió entre medio? Posiblemente muy poco en cuanto a formación y deliberación sistemática. Quizás alguna investigación interna en que las asociaciones profesionales son juez y parte.

En el caso en cuestión, tenemos varios otros aspectos a considerar. No es sólo la asimetría que produce el entregarse en cuerpo y mente a la institución que representa la medicina. También está el factor agravante del hospital como lugar de encierro, un universo del que poco tenemos noción desde el exterior como para acreditar públicamente la probidad de los procedimientos y las decisiones. Sumado a ello, la necesidad de que los procedimientos se practiquen bajo consentimiento del individuo afectado o su tutor o tutora; sólo una situación de vida o muerte (dilema ético) justificaría una decisión sin tal consentimiento.

Lo que, para mí, es lo más relevante de todo es la falta de una práctica continua del discernimiento ético, que permita adelantarse a las decisiones problemáticas y, de paso, formar a las nuevas generaciones profesionales en base a la experiencia de quienes han estado allí antes, enfrentado decisiones difíciles y compartiendo cómo solucionaron el problema y qué lecciones aprendieron de eso.

En ese contexto, la deliberación participativa permitirá visualizar mejor los cursos de acción, evaluando las posibilidades institucionales, jerarquizando las opciones y optando por aquella cuyos beneficios sobrepasen los riesgos. Violar los derechos humanos en nombre de la salud no es ninguna de esas opciones.