El holding DMO, instalado por la vicepresidenta de Renovación Nacional, Andrea Ojeda, y su esposo, Felipe Valenzuela, ha cobrado por contratos con instituciones públicas más de $16.663 millones desde 2016.
Así lo reveló un reportaje de Ciper que expuso que el grupo empresarial conformado por 27 sociedades ha suscrito contratos con numerosas entidades públicas, en su mayoría ligadas a dirigentes de Chile Vamos, en áreas disimiles, como servicios alimenticios, minería, seguridad y mantención de jardines.
Las actividades comenzaron a darse luego de que Ojeda dejó su puesto a cargo de la oficina de Gestión Ciudadana en el primer gobierno de Sebastián Piñera.
Algunas de las instituciones con las que las empresas ligadas a DMO ha firmado contratos son la Municipalidad de Puente Alto ($11,9 mil millones), la Municipalidad de Colina (1,6 mil millones) y la Municipalidad de Santiago ($1 mil millones). La primera estaba dirigida por el militante de RN, Germán Codina, mientras que la segunda por Mario Olavarría de la UDI y la última por el también RN Felipe Alessandri.
Al ser consultada respecto a estos negocios por el medio ya mencionado, la dirigenta del partido de oposición señaló en referencia a un artículo de El Mostrador que "el año 2017, a menos de diez días de la elección parlamentaria, en la que participaba como candidata en el distrito 8, lanzaron un reportaje intentando vincular adjudicaciones de licitaciones públicas de empresas de mi marido con mis relaciones políticas".
"Esto tuvo una clara intención de hacerme daño política y electoralmente. Luego del reportaje, se iniciaron acciones legales, y quedó demostrado que todas las adjudicaciones se ajustaban a derecho y que todas las personas tienen el legítimo derecho para desarrollar una actividad económica lícita", agregó Ojeda sin referirse al fondo de su vinculo con estas sociedades.
