Luego de intentos de su defensa para que esto no ocurriera, el cineasta Nicolás López, condenado a cinco años y un día por dos delitos de abuso sexual, será trasladado a una celda común en el Centro de Detención Preventiva (CDP) de Casablanca.

Hasta ahora, el director de cine se encontraba aislado en el Área de Salud (ASA) de Santiago 1 cumpliendo una cuarentena preventiva en concordancia con los protocolos por la pandemia de COVID-19.

Fue en ese contexto que la defensa de López, a cargo de la abogada Paula Vial, presentó informes a Gendarmería para alertar sobre situaciones de riesgo para el condenado por ser reconocido por otros reos, quienes supuestamente le gritan.

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Con esos argumentos, Vial pidió que su representado cumpliera la medida cautelar en el ASA de Santiago 1, pero esto fue negado. Luego, la Justicia también rechazó un segundo intento para que el director de cine cumpliera su encierro en el anexo Penitenciario Capitán Yáber, un recinto más aislado.

Todas estas solicitudes fueron denegadas debido a que un último análisis, conocido justamente el día en que se acaba el periodo de cuarentena del cineasta, confirma que este podría ser trasladado a una celda común porque "no presenta conductas de riesgo suicida ni conflictos con otros internos", así como tampoco "síntomas psicóticos", según se lee en un extracto del documento publicado por La Tercera.

De este modo, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Viña del Mar dispuso el traslado de López a al CDP de Casablanca, siendo este último el que en definitiva aceptó la abogada Vial como última opción dispuesta por Gendarmería.

 Intento de nulidad del juicio

En paralelo al debate por dónde López debe cumplir su encierro, su abogada defensora ha intentado que se anule el juicio en que fue considerado culpable de dos delitos de abuso sexual contra mujeres que contactó para que trabajaran en sus películas.

La jurista presentó este jueves un recurso ante la Corte Suprema en que acusa que al director de cine se le vulneraron dos garantías constitucionales durante el proceso judicial: el derecho a un proceso justo y la presunción de inocencia.

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"Respecto de ninguna de las dos condenas existió prueba de corroboración alguna, infringiéndose con ello las garantías de un proceso justo, racional y legalmente tramitado", sostiene el escrito ingresado al máximo tribunal.

El recurso agrega que "el tribunal, a pesar de nombrar a los testigos que consideró, tiene por probada la ocurrencia de los hechos y la configuración del delito más allá de toda duda razonable en atención exclusiva a la declaración de la víctima, contraviniendo con ello el derecho de mi representado".