Después de un largo litigio iniciado por el ya fallecido propietario de ‘El Clarín’, Víctor Pey, la justicia de España ordenó al Estado de Chile pagar la suma de 520 millones de euros (casi $500 mil millones) a los accionistas del diario que fue embargado durante la dictadura de Pinochet.

De acuerdo a lo informado por el medio ibérico El País, el diario fue confiscado el mismo 11 de septiembre de 1973, incluso antes del ataque armado a La Moneda. Y agregan que “los activos del periódico en Chile siguen ocupados por los militares casi medio siglo después”.

Durante el gobierno de Salvador Allende, ‘El Clarín’ era uno de los medios más consumidos por los chilenos de esa época, dirigido por Víctor Pey, republicano español exiliado en Chile.

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Este fallo sucede a otros donde el Estado chileno ha debido desembolsar altas sumas de dinero por concepto de indemnización por los actos cometidos por Pinochet, que van de la mano con lo ordenado por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), el organismo de arbitraje internacional del Banco Mundial.

“El CIADI zanjó en 2020 la pugna jurídica al reiterar que los dueños de El Clarín tienen el derecho a ser compensados ‘de todo daño susceptible de evaluación financiera que podrán establecer’ y que su inversión de 1972 está bajo el amparo del Convenio de protección de inversiones extranjeras entre España y Chile. Este derecho tiene autoridad de ‘cosa juzgada’ desde 2008 en los 155 países que han ratificado el Convenio del CIADI, entre ellos España y Chile”, informó el medio antes mencionado apuntando a la decisión del tribunal.

Esto resulta una complicación para las alicaídas arcas fiscales que debe manejar el gobierno de Gabriel Boric, luego que la anterior administración de Sebastián Piñera, y de Michelle Bachelet, dilataran el pago de esta resolución, que data desde el año 2008, con una aplicación de 5% anual por concepto de intereses en demora.

“Al comunicar el auto el pasado 20 de diciembre a la representación del Estado chileno en Madrid y a su Procurador ante el juzgado, el Gobierno de Sebastián Piñera se negó a recibirlo y pidió remitirlo a Santiago, lo que el juzgado hizo. Sin embargo, cuando aún está por resolverse si la comunicación surtió en diciembre los efectos jurídicos que establece la ley procesal, es sobre el gobierno de Boric que caen las consecuencias que Piñera en sus dos mandatos al frente del país no haya cumplido la obligación de indemnizar, a pesar de que públicamente se comprometió a hacerlo”, aseguró El País.