Un nuevo flanco de críticas por la contratación de asesores extranjeros sin acreditación profesional en Chile salpica al Ministerio de Relaciones Exteriores con la contratación de Santiago Acosta Rajbe, abogado y activista venezolano, quien se desempeña en la Cancillería pese a no registrar la convalidación de sus estudios en el país ni figurar habilitado ante el Poder Judicial.
La información, revelada por Contrapoder y obtenida por los antecedentes del Registro de Transparencia Activa del ministerio, indica que Acosta ejerce en la Dirección de Planificación Estratégica (Diplane) —repartición orientada a brindar soporte conceptual al ministro Francisco Pérez Mackenna en el diseño de las orientaciones internacionales de la Nación—.
Cancillería: sueldo de $4 millones y sin título
Por este rol percibe un sueldo mensual de $4.145.849 mediante la modalidad de "Contrato Experto", amparado en la Ley Nº1608 de 1976 para personal de alto nivel técnico.
No obstante, la misma nómina oficial explicita que el nivel formativo acreditado por Acosta corresponde únicamente a enseñanza media.
Asimismo, el asesor no figura en el Registro Nacional de Abogados, dado que no ha concretado la reválida de su título obtenido en 2018 en la Universidad Católica Andrés Bello de Venezuela, ni ha realizado el juramento formal ante la Corte Suprema chilena.
De igual manera, el citado medio verificó la información en la plataforma de Títulos Profesionales Extranjeros de la Universidad de Chile, confirmando la ausencia de registros a su nombre.
Es crucial precisar que, ante la inexistencia de un convenio de homologación automática con la nación caribeña, “los profesionales venezolanos deben realizar obligatoriamente su trámite de revalidación o reconocimiento a través de la Universidad de Chile, por lo que sus títulos sí deben figurar en los listados oficiales de esa institución una vez que hayan aprobado el proceso correspondiente”.
El caso se suma al del exconcejal de Maracaibo, Romer Rubio, quien ejerce como jurista asesor en la Presidencia de la República bajo condiciones similares: sin constancia de homologación académica en el buscador de la Casa de Bello ni habilitación procesal en el Poder Judicial.