La ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco Martínez, acogió la solicitud de los abogados Nelson Caucoto y Francisco Bustos para que tomen parte del proceso de extradición que lidera la justicia italiana contra tres militares chilenos condenados a cadena perpetua en el país europeo, por su responsabilidad en las torturas, desaparición y ejecución de 43 ciudadanos latinoamericanos de origen italiano en los años 70', entre los que se encuentran cuatro víctimas chilenas.

En consecuencia, el máximo tribunal especificó que “se dará lugar a lo solicitado en atención a que el procedimiento de extradición comprendido en el Código de Procedimiento Penal no excluye expresamente la participación de terceros interesados. Por lo demás, el derecho internacional fomenta la participación activa de las víctimas de derechos humanos en todo proceso judicial de su interés y en cualquier momento de su desarrollo".

Caucoto y Bustos pidieron en abril a la Corte Suprema que se les considerara para sumarse a este proceso en representación de la hija de Juan José Montiglio Murúa, una de las cuatro víctimas ítalo-chilenas.

Montiglio tenía 24 años, integraba el Partido Socialista y era jefe de unidad del GAP (Grupo de Amigos Personales de protección del presidente Salvador Allende). Lo detuvieron en La Moneda el día del golpe militar y posteriormente lo llevaron al Regimiento Tacna. Fue asesinado en Peldehue el 13 de septiembre de 1973 y hasta hoy permanece en calidad de detenido desaparecido.

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Por este caso se condenó al excoronel Rafael Ahumada Valderrama, cuya extradición ya se solicitó y actualmente se espera su resolución.

El resto de los exuniformados chilenos condenados en este proceso y por los que también se está solicitando su extradición, son el exsuboficial Orlando Moreno Vásquez y el exbrigadier de la DINA (Dirección de Inteligencia Nacional), Manuel Vásquez Chahuán.

El mismo trámite todavía está pendiente para el exbrigadier Pedro Espinoza Bravo, quien cumple varias condenas en Punta Peuco. A él se suman el exprefecto y funcionario de la Policía de Investigaciones (PDI) Daniel Aguirre Mora y Carlos Luco Astroza, respectivamente, quienes actualmente están en libertad.

"Debe existir justicia por los graves crímenes de lesa humanidad"

“Ya nos hemos hecho parte en el juicio y vamos a aportar con todo lo que sea necesario para que se dé cumplimiento a esta resolución solicitada por el Estado italiano”, aseguró Francisco Bustos.

Y a renglón seguido, relevó la trascendencia del fallo. “Lo resuelto es importante por nuestra representada, pues debe existir justicia por los graves crímenes de lesa humanidad cometidos. Existen deberes internacionales que vinculan no sólo al Estado de Chile y la República Italiana para investigar, juzgar, sancionar y para imponer penas proporcionales a la gravedad de los hechos”, sostuvo.

Las otras víctimas ítalo-chilenas por las que está en curso este proceso son Omar Roberto Venturelli Leonelli (31), exsacerdote y militante del MIR detenido el 25 de septiembre de 1973; Juan Bosco Maino Canales (27) militante del MAPU y estudiante detenido el 26 de mayo de 1976; y Jaime Patricio Donato Avendaño (41) miembro del Comité central del Partido Comunista y mecánico electricista detenido el 5 de mayo de 1976.

En el año 1998 la justicia italiana comenzó la investigación de este proceso y recién después de 20 años la Corte Suprema del país europeo emitió un fallo donde condenó a cadena perpetua a 24 genocidas latinoamericanos implicados en la Operación Cóndor.