Francisco Leturia, presidente del Consejo para la Transparencia, anunció que presentará ante el Consejo Directivo del CPLT, una solicitud de procedimiento sancionatorio contra las subsecretarías de Salud Pública y Redes Asistenciales del Ministerio de Salul, por la no entrega de los correos solicitados por la justicia.

Según indicó La Tercera, el timonel del Consejo aseguró que esta acción la liderará “tras haberse vencido el 22 de abril pasado la fecha para cumplir la orden de entrega de correos enviados y recibidos desde cuentas institucionales de ex autoridades de salud en plena crisis sanitaria por COVID-19″.

“En la próxima sesión de Consejo propondré a los demás consejeros de la Corporación, el inicio de una investigación sumaria sobre el particular”, agregó Leturia.

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Justificando su acción, el presidente del CPLT argumenta que esta acción “deriva de un amparo presentado ante el Consejo que determinó la entrega al solicitante de los correos electrónicos enviados y recibidos vía cuentas institucionales –entre el 1 de marzo y el 12 de septiembre de 2020– por el titular de la cartera de Salud, Enrique Paris, la subsecretaria Paula Daza y el ex ministro Jaime Mañalich”.

“A esta lista se suman los correos de otros funcionarios del Ministerio de Salud (Minsal), entre otros, el director del Departamento de Estadísticas e Información de Salud, Carlos Sans; ex jefe del Departamento de Epidemiología, Rafael Araos; y la jefa de la Dirección de Planificación Sanitaria, Johanna Acevedo”, añadió respecto de las autoridades de gobierno de la administración de Sebastián Piñera.

Esto se suma a otros procesos sancionatorios debido a que las mencionadas subsecretarías del Minsal “no estaban cumpliendo con las obligaciones de respuesta a solicitudes de acceso a la información acorde a lo establecido por la Ley de Transparencia”.

“En el caso de la ex subsecretaria de Salud Pública, multas de un 45% (sumario administrativo) y de un 30% (investigación sumaria) y en el caso del ex subsecretario de Redes Asistenciales, multas de un 35% (sumario administrativo) y de un 30% (investigación sumaria), respectivamente, de las remuneraciones, por no cumplimiento de decisiones del Consejo y por la no entrega de información”, podrían considerarse tras la solicitud de Leturia.