La explotación exacerbada del medio ambiente, la privatización, la contaminación, la dificultad de acceder a playas, ríos y lagos, entre muchos otros, son signo de que la actual Constitución de Chile, y las leyes que se han dictado conforme a ella, no han sido capaces de garantizar una debida protección de la naturaleza.

Como respuesta a esta desprotección, y considerando la ausencia de una acción popular sobre estas materias, y el gran interés que existe por la protección del medio ambiente y de las comunidades que se desarrollan en torno a dichos ecosistemas, un grupo de abogados y abogadas especialistas en temas ambientales elaboraron la propuesta de articulado para la Constitución que busca establecer al Estado como custodio de la naturaleza.

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¿Qué significa que el Estado sea custodio?  Custodiar, es un estándar mucho más alto que proteger. Implica que este debe siempre supervigilar y garantizar la integridad de los ecosistemas y la mantención de sus contribuciones para la sociedad.

Esta propuesta, que ya ha sido apoyada en redes sociales por la constituyente Cristina Dorador, el ex ministro de Medio Ambiente, Marcelo Mena, y la directora del Programa de Estudios Europeos (PEE) de la Universidad de Concepción, Paulina Astroza, entre otros, busca desarrollar un articulado que aborde de forma comprensiva varias de las problemáticas que se generan en torno a los diferentes componentes del medio ambiente, como el agua, el mar territorial y las montañas.

Dichas problemáticas se refieren a temas como la titularidad de los mismos, las restricciones cuando se permiten usos privativos de los bienes públicos naturales -que pertenecen a todos y todas-, el acceso responsable a estos espacios, y la posibilidad de accionar de forma popular en caso de que los deberes del Estado de custodio sobre la naturaleza no sean respetados.

“A través de esta propuesta, buscamos facilitar el proceso de redacción de una norma que permita abarcar armónicamente varias de las propuestas existentes y establecer un deber general de protección de la naturaleza, con la debida identificación de lo que son los bienes públicos naturales y las condiciones para su uso privativo Todo esto requerirá una revisión posterior de la legislación que regula cada uno de estos regímenes concesionales o de títulos administrativos, pero evitará una regulación caso a caso a nivel constitucional”, comentó Dominiqué Hervé, una de las creadoras de la iniciativa.

Sobre el concepto de bienes públicos naturales, lo entienden como los bienes “comunes a todas las personas”, y con su regulación se permitiría mejorar su estándar de protección y establecer, que en caso que dichos bienes sean entregados de forma privativa a ciertas personas u organizaciones, esto ocurra en consideración al interés público y beneficio colectivo. “Esto no ocurre hoy. Por ejemplo, tierras estatales pueden ser entregadas para cualquier uso, sin ningún tipo de consideración al interés público y beneficio colectivo”, comentó por su parte Verónica Delgado, abogada y promotora de la propuesta.

Esta propuesta haría que cualquier privatización de bienes naturales públicos, se hará bajo “Custodia” del Estado, de manera temporal, sujeto a causales de caducidad y revocación, con obligaciones específicas de conservación, estableciendo limitaciones, restricciones y tarifas, siempre que ellas estén justificadas en el interés público y el beneficio colectivo. Estos títulos no generan derechos de propiedad privada.

Puedes conocer y apoyar la iniciativa en el siguiente link https://iniciativas.chileconvencion.cl/m/iniciativa_popular/o/46194

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