La aprobación de la nueva Política Nacional de Actividad Física y Deporte 2026–2037 es una buena noticia. Destaca por su proceso participativo e intersectorial y por incorporar equidad de género, inclusión, pertinencia territorial y curso de vida.
El documento reconoce la inactividad física —entendida como no alcanzar los niveles mínimos recomendados— como un problema público estructural: en 2024, 59,6% de las personas adultas no alcanzaba ese mínimo en su tiempo libre; entre niños, niñas y adolescentes, la inactividad llegaba a 92,5%. En adultos persiste una brecha de género: 66,4% de las mujeres y 52,5% de los hombres eran inactivos.
Sin embargo, ¿estamos construyendo una política capaz de reducir la inactividad física de toda la población o principalmente de fortalecer el sistema deportivo? Deporte y actividad física no son equivalentes. Caminar, andar en bicicleta, bailar, jugar, realizar recreación activa y practicar deporte son formas de actividad física.
La OMS propone una respuesta poblacional que actúe sobre sociedades, entornos, personas y sistemas, incluyendo transporte y planificación urbana, espacios públicos, escuelas, lugares de trabajo y otros contextos cotidianos. La nueva política reconoce esta dimensión intersectorial, pero su modelo de desarrollo se organiza en dos subsistemas: actividad física y deporte comunitario, y deporte de alto rendimiento, lo que exige asegurar que la implementación alcance también a quienes no participan del sistema deportivo organizado.
Esto merece atención porque el vínculo de la población con las organizaciones deportivas es limitado: en 2024, 70,2% de las personas adultas declaró no estar vinculada a ninguna organización deportiva y solo 9,2% participaba activamente. Además, una revisión sistemática encontró evidencia limitada para sostener que el fortalecimiento del deporte de élite aumente la actividad física de la población general.
Fortalecer el deporte es necesario, pero reducir la inactividad física requiere también abordar barreras sociales y del entorno construido. La movilidad activa, los parques y áreas verdes, los espacios públicos seguros, el juego infantil y el diseño urbano no son políticas deportivas, aunque pueden contribuir a una sociedad más activa.
Este cambio estructural requiere lo que la OMS denomina capacidades conectivas (conecctive capacities): las que permiten articular sectores y niveles de gobierno. El kit de autoevaluación de la OMS podría aplicarse para fortalecer la implementación de esta política en Chile.
La pregunta para la próxima década es, entonces, quién liderará y coordinará una política verdaderamente poblacional, cuáles serán sus metas y cómo se medirá su cumplimiento. Chile ya cuenta con iniciativas, mesas intersectoriales y un Comité Interministerial de la Actividad Física y el Deporte. El desafío es articularlas, evaluando las capacidades necesarias y asegurando el uso adecuado de la terminología, la medición y el reporte del cumplimiento de las recomendaciones.
Una sociedad activa no se logra solo con deporte: requiere una política que proteja la salud de toda la población y alguien que la lidere. Sin metas ni coordinación, la inactividad seguirá siendo un problema de todos y de nadie.