El pasado 18 de diciembre, Fundación Terram publicó su 19° versión del Balance Ambiental que realiza cada año, esta vez titulado “No hay tiempo para el negacionismo”, donde analiza los acontecimientos más importante en materia ambiental del país desde una visión crítica y a su vez propositiva, resaltando la importancia de actuar ante la emergencia climática que atraviesa el planeta.

Uno de sus capítulos es el de “Agricultura, Sequía y Seguridad Alimentaria”, donde se señala que este 2021 estuvo marcado por el Informe del Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC) dado a conocer en agosto, “el cual alertó que los daños causados al planeta por la actividad humana son irreversibles, y que los fenómenos meteorológicos y climáticos extremos, como los incendios forestales, heladas e inundaciones sin precedentes seguirán aumentando en frecuencia e intensidad, golpeando regiones agrícolas claves para el mundo”.

Según el documento, justamente “Chile es uno de los países más expuestos a los efectos del cambio climático, siendo uno de los criterios de vulnerabilidad presentes en el territorio nacional el de zonas expuestas a la sequía y a la desertificación”.

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En medio de este escenario, el capítulo consigna que durante 2021, Chile se convirtió en el principal proveedor de fruta fresca del hemisferio sur al gigante asiático, registrando “un total de 3,12 millones de toneladas de fruta exportada por $ 6.030 millones de dólares, donde las principales especies exportadas fueron cerezas, uva de mesa, arándanos, manzanas y paltas, con envíos históricos a China a pesar de la pandemia”,

Lo anterior, expresa un problema estructural, y es que según el documento de Fundación Terram, durante el 2021 “continuó profundizándose el modelo agroexportador en desmedro de la producción agrícola para el abastecimiento interno, el que además, se desarrolla en las cuencas del ecosistema mediterráneo, ubicadas en la zona central del país, las más afectadas por la sequía durante la última década”.

Ley de Riego

El documento aborda también la discusión en torno la Ley N° 18.450, que subsidia obras privadas de riego, la cual ha levantado fuertes críticas luego de una serie de investigaciones periodísticas dieran cuenta de que grandes empresas agroexportadoras han recibido millonarios subsidios a través de esta ley para obras de riego y drenaje, entre las cuales figuran la Viña Concha y Toro -la empresa más subsidiada en la última década-; Juan Bilbao, ex-estrella de Sanhattan en Wall Street; Juan Sutil, presidente de la Cámara de la Producción y el Comercio (CPC); el grupo empresarial liderado por Andrónico Luksic y el grupo Penta, holding empresarial encabezado por Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín.

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El actual gobierno buscó prorrogar la ley de riego por 12 años, pero luego de no lograr acuerdos con la oposición en el Senado, solo pudo hacerlo por 1 año más a través de una indicación ingresada al proyecto de ley que “otorga reajuste de remuneraciones a los trabajadores del sector público (…)” (Boletín N° 14.733-05).

Para Fernanda Miranda, geógrafa de Fundación Terram y autora del capítulo, “esta prórroga por un año fue una medida desesperada, recayendo en el gobierno de Gabriel Boric el desafío de elaborar una nueva Ley de Riego para el país, la cual fomente una producción agrícola diversificada, destinada al consumo interno, con bajo impacto ambiental y, donde de una vez por todas, Chile deje de exportar agua a través de frutas. De lo contrario, quedaremos expuestos a la cara más brutal de los efectos del cambio climático”.

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