No se trata de asignar recursos solo analizando los factores sociales desde una lógica económica, sino de entregar a las personas aquello a lo que tienen derecho.
Presidente Kast presentó el Presupuesto 2027 - Captura de video
Es evidente que existe una tensión entre sostenibilidad fiscal y derechos humanos en que el presupuesto público se transforma en una decisión que inevitablemente tiene consecuencias concretas sobre la vida de las personas.
Los gobiernos de ultraderecha traen aparejada la posibilidad de una regresión en derechos sociales. Los primeros indicios se conocieron con el oficio N° 16 del Ministerio de Hacienda que recomendaba rebajar presupuestos o derechamente descontinuar programas estatales en áreas fundamentales como, por ejemplo, la salud y que iban en apoyo de personas pertenecientes a grupos de especial protección.
El 28 de abril de 2026 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) adoptó la Resolución No. 2/26 sobre Políticas Fiscales y Derechos Humanos en las Américas. El documento plantea que “las decisiones relacionadas con los ingresos públicos, el presupuesto, el gasto, el endeudamiento y la sostenibilidad fiscal pueden incidir en el goce y ejercicio de los derechos humanos, tanto de los derechos civiles y políticos como de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA), así como en la situación de personas y grupos que enfrentan condiciones de vulnerabilidad o discriminación”. En este sentido, la Comisión ha observado que la relación entre políticas fiscales y derechos humanos ha sido objeto de creciente atención en diversos ámbitos multilaterales.
Esta resolución busca contribuir al desarrollo de orientaciones interamericanas sobre la relación entre las políticas fiscales, las políticas públicas y los derechos humanos, ofreciendo lineamientos y criterios técnicos y jurídicos para el desarrollo e implementación de políticas fiscales con enfoque de derechos humanos en conformidad con la Carta de la OEA, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Americana, el Protocolo de San Salvador y otros instrumentos interamericanos relevantes.
En Chile avanzamos en la dirección opuesta con un evidente motor regresivo en derechos económicos, sociales y culturales. El proyecto de Ley de Presupuesto 2027 que se discute actualmente en el Congreso propone rebajas presupuestarias de gran magnitud en áreas que impactan de manera integral la vida de las personas. Uno de los motivos de mayor preocupación está en la reducción del presupuesto a los gobiernos regionales, algunos ministerios y distintos programas que disminuyen de manera muy significativa su presupuesto o simplemente no se les asigna recursos.
Nos parecía evidente que una discusión presupuestaria fiscal no puede darse dentro de lógicas sólo economicistas y que la incorporación de un enfoque de derechos está a la base de este proceso. No se trata de asignar recursos solo analizando los factores sociales desde una lógica económica, sino de entregar a las personas aquello a lo que tienen derecho. El proyecto de Ley de Presupuesto 2027 rompe esta lógica y nos hace reflexionar sobre la menor recaudación de impuestos producto de la Ley de Reconstrucción Nacional y sobre quiénes pagan el costo.
Sin duda, nos encontramos ante lógicas que colisionan. Los objetivos de sostenibilidad fiscal deben ir acompañados de los mínimos éticos que hemos concordado de manera democrática.
