Fui técnico gracias a una cadena de apoyos que alguien decidió sostener. Ojalá quienes vienen después no encuentren esa cadena cortada.
Estudiantes caminando / Agencia Uno
El año 2005 inicié mi escolaridad básica en la comuna rural de Petorca. Once años después, en 2017, ingresé a la educación superior. Mi historia no se explica solo por esfuerzo, aunque lo hubo. Se explica por una cadena de apoyos que el Estado fue poniendo en el camino, eslabón por eslabón, y que ayudó a acortar una brecha que yo no elegí.
El primer eslabón fue el más silencioso: los útiles escolares. Cada año llegaba el set con cuadernos, lápices y materiales, y en mi casa eso era una preocupación menos en marzo. Para quien nunca ha tenido que elegir entre comprar un cuaderno o completar la cuenta del mes, parece un detalle. Para una familia rural, es la diferencia entre empezar el año en igualdad de condiciones o empezarlo ya en desventaja.
El segundo fue la alimentación. Gracias a Junaeb y a la beca de alimentación, el hambre no competía con el aprendizaje. Hoy ese apoyo llega a más de 2,5 millones de estudiantes, y para 600 mil de ellos es el único alimento del día. Pensemos en eso: hay niños y niñas que llegan a clases con la esperanza de que el almuerzo escolar sea la única comida que tendrán. Ningún computador ni ninguna gratuidad sirven de mucho si el estómago está vacío.
El tercero llegó en 2011, cuando recibí un notebook del programa Yo Elijo mi PC. Para quien lo mira desde afuera, es un equipo electrónico; para mí fue la primera vez que sentí que la distancia entre mi escuela rural y el resto del país se acortaba un poco. Podía redactar trabajos, buscar información, aprender por mi cuenta. El programa nació en 2009 con una idea simple: que tener o no tener un computador no determinara quién podía estudiar en mejores condiciones.
Hoy el gobierno anuncia que en 2027 ya no habrá recursos para este programa, y por eso me cuesta aceptar que poner fin a las becas TIC sea un simple ajuste presupuestario. Este año más de 96 mil estudiantes recibieron una de ellas. Se dirá que casi todos tienen un celular, pero un celular no reemplaza un computador para redactar un trabajo, postular a una beca, programar o seguir una carrera técnica. La brecha digital no desaparece sola: se hereda, como tantas otras desigualdades. Y un niño del campo que descubre las herramientas digitales recién en el instituto parte atrasado frente a quien las usa desde los doce años.
El último eslabón llegó en 2017, con la gratuidad. Ese año fue la primera vez que alcanzó a los centros de formación técnica y a los institutos profesionales: 91.463 estudiantes del sector técnico-profesional accedieron a ella, y yo fui uno de ellos.
En total, más de 257 mil jóvenes estudiaban con gratuidad, uno de cada cuatro estudiantes de pregrado. Hoy son más de 625 mil, y en 2025 casi la mitad de quienes cursaban pregrado lo hacía gracias a este apoyo. Estas cifras no hablan de un privilegio marginal, sino de una política que cambió quién puede aspirar a un título en Chile. A mí me permitió estudiar una carrera técnica sin que mi familia tuviera que hipotecar su futuro.
Las políticas públicas pueden y deben evaluarse, mejorarse, rediseñarse; eso es sano. Lo que no es sano es terminarlas sin ofrecer algo que cumpla su función. Un país muestra sus prioridades en lo que decide proteger cuando los recursos escasean, y decidir que los estudiantes con menos respaldo sean los primeros en perder el suyo dice mucho de esa escala de valores.
Escribo desde la gratitud y la preocupación. Gratitud, porque sé lo que cada una de estas ayudas significó para mí y para mi familia: la posibilidad de acceder a una gama mayor de oportunidades, siendo de la educación pública y de un sector rural. Preocupación, porque pienso en los estudiantes de 2027 y de los años siguientes, que quizás no tengan ese notebook ni otra forma de conseguirlo.
Fui técnico gracias a una cadena de apoyos que alguien decidió sostener. Ojalá quienes vienen después no encuentren esa cadena cortada.
