Una denuncia contra Paula Daza, ex subsecretaria de Salud y actual integrante de comando de José Antonio Kast, presentó este viernes ante Contraloría un grupo de ex funcionarios del Ministerio de Salud, donde detallan situaciones que esperan zanjar a través del ente fiscalizador.

En un comunicado, detallan el problema que enfrentan donde también involucran a la reemplazante de la médica en la secretaría de Estado a cargo de Enrique Paris. "Un grupo de ex trabajadores del Ministerio de Salud que cumplieron funciones como fiscalizadores sanitarios en pandemia, bajo la modalidad de contrato de trabajo, presentaron un escrito en Contraloría solicitando diligencias por el incumplimiento de las obligaciones de la actual subsecretaria de Salud, María Teresa Valenzuela y su predecesora Paula Daza, en relación al pago del finiquito contemplado en sus contratos y que hasta el momento no se ha concretado, situación que estaría afectando a unos 300 trabajadores a nivel nacional", aseguran en el inicio del documento.

Imposibilidad de verificar incumplimiento del pago de asignaciones

En total son 40 ex fiscalizadores quienes firman el escrito, detallando cómo se desarrolló la relación laboral que terminó en conflicto. "Su labor comenzó mayoritariamente el mes de marzo del 2020 y finalizó entre septiembre y octubre de 2021, con el término del Estado de Excepción. Según nuestros contratos, los finiquitos deberían haberse cancelado en un plazo de un mes, lo que ya excede lo contemplado en el cuerpo legal correspondiente, y más grave aún al haber transcurrido en exceso dicho tiempo que la autoridad está legalmente obligada a cumplir, lo que a la fecha no se ha realizado”, pormenorizan.

Respecto del trámite, al grupo de ex trabajadores lo acompañaron Victoria Escalante, directora nacional de ANEF; Carolina Pizarro, Consejera Nacional de la CUT y el diputado electo por Apruebo Dignidad, Andrés Giordano, quienes apoyan su cruzada.

Paralelamente, los exfiscalizadores denuncian que tampoco es posible verificar el incumplimiento en el pago de asignaciones especiales contenidas en los contratos, así como de jornadas y horas extraordinarias, ya que no han tenido acceso al contenido sus finiquitos.

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Exigen finiquito y cancelación a la brevedad de los contratos de trabajo

”La gran mayoría de nosotros cumplimos funciones desde el comienzo y a lo largo de esta crisis como fiscalizadores y operarios sanitarios, teniendo que velar por la salud pública, la prevención del contagio, el cumplimiento de las normativas vigentes, junto con la educación y asistencia a la ciudadanía, conteniendo la mayor parte del tiempo el desconcierto y descontento de las personas ante una situación a ratos, y por muchos y comprensibles motivos, lo que derivó en numerosas ocasiones en agresiones verbales e incluso físicas por parte del público hacia funcionarios”, explican.

Considerando todas estas variable es que a través del órgano contralor, solicitan diligencia a las autoridades y o ex autoridades de la Subsecretaría de Salud Pública para “finiquitar y cancelar a la brevedad nuestros contratos de trabajo. Y de verificarse algún incumplimiento de carácter administrativo por parte de la autoridad, se investigue y aplique las sanciones que corresponda, para que ningún otro funcionario público se vea enfrentado a esta irregular situación”.

Sobre los hechos, Fariel Abarca, representante de los ex fiscalizadores Minsal explica que cumplieron su responsabilidad hasta que se terminaron las aduanas sanitarias. “Otros compañeros se desempeñaron en las residencias sanitarias, también en aduanas de aeropuertos, hay distintos casos”, dicen.

Y agregan que “a dos meses del cese de nuestras funciones, hay muchas remuneraciones, finiquitos, horas extraordinarias y bonos impagos y la responsable de todo esto es la ex subsecretaria de Salud, Paula Daza”.

"Estado está llamado a garantizar empleo para todas y todos"

Para el diputado Giordano “hoy lo más importante es relevar la función del trabajo y buscar un Estado que sea modelo de las relaciones laborales, porque es precisamente el Estado el que está llamado a garantizar empleo para todas y todos, y no es posible que todos los años veamos cómo en realidad uno de los peores empleadores es el Estado y con peores prácticas laborales”.

En el caso de Escalante, dirigenta de ANEF, plantea “esto no puede seguir ocurriendo y en los próximos gobiernos y en la nueva Constitución debieran estar garantizados los derechos de las y los trabajadores públicos, con solo una forma de contratación y no con contratos precarios como de honorarios, o código del trabajo”.

Por último para Carolina Pizarro, dirigenta de la CUT, “la precariedad laboral que nos demuestra esta situación no puede ampararse en el Estado, ni menos a cargo de ningún gobierno. Este gobierno en particular se ha empeñado en maltrataros y denostar la función pública, la labor que cumplimos día a día los funcionarios y funcionarias públicos”.

“Estamos aquí no solo para pedir que el Contralor se pronuncie, sino también para exigir que el gobierno se haga cargo no solo de respetar las leyes, sino que dar un trato digno y como corresponde a la trabajadoras y trabajadores del sector público”, concluyeron.