La oficina de Amnistía Internacional (AI) en Chile llamó este miércoles a investigar a los altos mandos del cuerpo policial de Carabineros por su responsabilidad en las violaciones a los derechos humanos durante las protestas de 2019 que se extendieron durante más de un año.

Respecto de los hechos constatados, la entidad asegura que "sancionar debidamente a los perpetradores de los crímenes es muy importante, pero es fundamental también que se lleve a la justicia a toda la línea de mando que por omisión o falta de control (...) propiciaron los graves abusos", sostuvo Ana Piquer, directora ejecutiva de la organización en el país.

Paralelamente, desde AI aseguraron a que es "urgente" investigar al actual director de Carabineros, Ricardo Yáñez, quien asumió el cargo en noviembre de 2020, y al exdirector, Mario Rozas, quien renunció después de varios episodios controvertidos de violencia policial señalados por organismos internacionales como AI o Human Rights Watch.

La crisis social, la más grave que vivió nuestro país después de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), comenzó en octubre de 2019 como una protesta contra el alza en el precio del boleto de Metro y con el paso de los días se convirtió en una revuelta por un modelo económico más justo.

Las marchas dejaron una treintena de fallecidos, miles de heridos e innumerables episodios de violencia extrema con incendios, saqueos y destrucción de mobiliario público.

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"Es imprescindible hacer esfuerzos por avanzar en verdad, justicia y reparación para las víctimas, pero también a modo de señal para la sociedad en su conjunto, pues la impunidad siembra repetición", señalaron desde AI.

Su campaña "Investiguen mandos" se lanzó a pocos días de que se revisen las medidas cautelares del expolicía formalizado por el ataque a Fabiola Campillai, quien quedó ciega tras recibir una bomba lacrimógena en el rostro por parte de un agente.

Su caso y el de Gustavo Gatica, quien también perdió la vista en la crisis social, dieron la vuelta al mundo y visibilizaron la epidemia de mutilados oculares que dejaron las revueltas, que el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) cifra en 460 víctimas.

"Estos casos muestran consecuencias dramáticas para estas personas y evidencian que no importa el tipo de armas que utilicen las policías, si el uso es incorrecto y la intención de castigar permanece", agregó Piquer.

En 2019 se prohibió el uso de escopetas antidisturbios para disuadir las marchas debido al cuestionamiento sobre los balines que disparaban y, posteriormente, se presenció un aumento notorio en la utilización de armas para lanzar lacrimógenas de manera directa al cuerpo, denunció la organización.

El presidente Sebastián Piñera, quien ha negado reiteradamente que existiera una política sistemática para reprimir las marchas, aunque si reconoció que hubo "atropellos a los derechos humanos", se comprometió a reformar el cuerpo policial, que ha estado en cuestionamiento desde el inicio de las protestas.

El proceso constituyente en el que está inmerso Chile fue la salida institucional y política que encontró el país para calmar lo que estaba sucediendo en las calles pues la actual Carta Magna es heredada de la dictadura militar y es considerada el origen de sus grandes desigualdades.