La pandemia ha generado la oportunidad de visibilizar con mayor fuerza en el escenario de la deliberación política y de la gestión pública la injusta división sexual del trabajo y la urgencia de reorganizar y hacerse cargo como sociedad de las labores de cuidado, sumándolo como uno más de los pilares de protección social, como ha planteado ONU Mujeres y la CEPAL. El término "trabajo doméstico" y "de cuidados no remunerado" refiere a todas las actividades diarias necesarias para mantener nuestras vidas y salud. Entre ellas están las tareas del hogar, como la preparación de alimentos, limpieza y lavado de ropa, y las tareas de cuidados personales, especialmente de las niñas y niños, personas mayores, enfermas o que tienen alguna discapacidad. Sin embargo, esta noción de justicia y esta certeza de que nuestras sociedades se sostienen en las labores de cuidado, y de que no podrían existir sin ellas, no ha logrado aún traducirse en políticas acordes a la magnitud de las necesidades a resolver y las medidas en esta materia han estado focalizadas principalmente en las mujeres, reforzando la exclusividad de ellas en esta responsabilidad. Es por ello que el movimiento feminista ha planteado que reconocer, redistribuir y reducir el trabajo de cuidados no remunerado asumido por las mujeres es fundamental para que la responsabilidad sobre este trabajo sea valorada y asumida entre el Estado, el sector privado, la comunidad, los hogares, y entre hombres y mujeres. Pero como aún la acción pública está lejos de ello, surgen iniciativas para responder a las urgencias que plantea la crisis sanitaria, como la extensión del post natal.

Las opciones de teletrabajo que algunas empresas e instituciones han implementado en este periodo sobre exigen en mayor medida a las mujeres, quienes, por la desigual distribución de labores domésticas y de cuidado y la permanencia de hijos e hijas en las viviendas, han aumentado su tiempo de trabajo remunerado y no remunerado al interior de los hogares, situación que si bien impacta diferenciadamente en la diversidad de mujeres, está generando en términos generales graves afectaciones en la salud mental de todas. Frente a ello, nos preocupa la suspensión de la Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo (ENUT), cuya segunda aplicación debía realizarse en 2020 y que se constituye como un instrumento fundamental para dimensionar la desigual distribución de tareas domésticas y de cuidado. Uno de los argumentos esgrimidos refiere a las dificultades que provoca la pandemia para su realización, sin embargo, el otro refiere a razones presupuestarias, señalándose que tampoco será realizada en 2021, perdiéndose así la posibilidad de medir concretamente el impacto de la pandemia en el tiempo dedicado al trabajo por parte de las mujeres, generando información estadística confiable y permanente en el tiempo que sustente las necesarias y ausentes políticas públicas en la materia.

Se requiere hoy, aún más que antes, reconocer las labores domésticas y de cuidado como labores esenciales para el funcionamiento y la sostenibilidad de nuestra sociedad; y resolver cómo nos vamos a organizar para la realización de estas tareas, asumiendo la responsabilidad que a todos y todas nos cabe en ellas: Estado, sector privado, ciudadanos y ciudadanas. La próxima Convención Constitucional tiene la gran oportunidad de garantizar en la nueva Constitución el derecho al cuidado de toda persona, desde su nacimiento hasta su muerte, otorgando al Estado la obligación de proveer los medios para garantizar que este cuidado sea digno y realizado en condiciones de igualdad entre mujeres y hombres, estableciendo el mandato a la implementación de un sistema nacional e integral de cuidados y el deber de cuidar a quienes cuidan.

Estas bases nos permitirán pasar desde un Estado subsidiario a un Estado cuidador, que responda a las desiguales estructurales entre hombres y mujeres mediante políticas públicas articuladas a nivel económico, cultural, de salud, educación y protección social que brinden tiempo, recursos, prestaciones y servicios universales y de calidad en materia de cuidado, incorporando en ellos la perspectiva feminista, interseccional, intercultural y el enfoque de derechos humanos.