De tiempo en tiempo, el libreto se repite.

En el primer acto, el Congreso Nacional anuncia que legislará para proteger los glaciares.

En el segundo, los medios conservadores entrevistan a expertos para informar, fundamentalmente, sobre el impacto económico de una medida de esta naturaleza.

En el tercero, consultores, sindicatos y ejecutivos de empresas mineras envían cartas y publican columnas asegurando que Chile se caerá a pedazos si se aprueba un proyecto de este tipo.

El Consejo Minero, como Gran Hermano, llama por un diálogo transversal que contemple todas las miradas, recalcando en todo momento que no se oponen a legislar pero que este proceso debe ser racional y no sólo contemplando la visión de ambientalistas fanáticos que aspiran a tener un mega parque nacional intocado en la cordillera.

Y, finalmente, en el cuarto acto el Ejecutivo realiza los necesarios movimientos de piezas para que la legislación sea lo mas laxa posible. O, incluso, que no avance.

Es decir, que todo siga igual.

Hay ocasiones en que el guion surte efecto.

Como ocurrió el 20 junio de 2018 cuando el gobierno de Sebastián Piñera, a través de la -en ese entonces- ministra de Medio Ambiente Marcela Cubillos, se hizo eco de la campaña del terror (aunque, en realidad, era parte de ella) y desechó el proyecto de Protección de Glaciares que por 4 años se tramitó en la Cámara de Diputados. La jugada fue simple: le retiró su patrocinio.

La semana pasada se levantó nuevamente el telón, luego que el senador Guido Girardi, en respuesta al rechazo del gobierno a suscribir el Acuerdo de Escazú sobre derechos humanos en materia ambiental, anunciara que desde la oposición impulsarían la tramitación del proyecto sobre delitos ambientales y de protección de glaciares. Este último, prisionero de la Comisión de Minería y Energía por más de un año, tiempo en que debería haber evacuado el informe para continuar su tramitación en la Comisión de Medio Ambiente de dicha corporación.

El efecto fue que bajo el paraguas del Colegio de Ingenieros, que incluía un consultor minero, se publicó en El Mercurio una columna pidiendo un debate técnico, argumentado que la reducción de los glaciares se debe “primordialmente al cambio climático”, obviando el impacto del sector extractivo. La pieza fue, incluso, promocionada por el presidente del Consejo Minero, Joaquín Villarino, en sus redes sociales.

Le siguieron una declaración de la Federación de Trabajadores del Cobre (dependientes de Codelco, quienes además inexplicablemente defienden a la minería privada) y una carta al director (también en El Mercurio) de dirigentes sindicales donde, en resumen, señalan que minería y protección del medio ambiente son compatibles, siempre y cuando la actividad productiva no cambie un ápice sus prácticas ni sus proyecciones de intervenir las altas cumbres donde, al menos en la zona central y del norte chico, permanecen los glaciares que suministran agua a millones de chilenos y chilenas.

Este miércoles 7 de octubre el proyecto comenzaría a votarse en la Comisión de Minería y Energía de la Cámara Alta.  Sin embargo la sesión fue suspendida, según trascendidos por una negociación entre el senador Guido Girardi en su calidad de autor del proyecto, el presidente de la comisión Rafael Prohens y el ministro de Minería y ex senador Baldo Prokurica, con el fin de llegar a acuerdos para permitir su avance.

Si algo queda claro en esta discusión, como muchas controversias que involucran el medioambiente, es que trascienden algunos de los clivajes tradicionales. Va más allá de si una empresa es nacional o extranjera, el control público o privado de los medios de producción, los protagonistas son empresarios o trabajadores. El extractivismo y el crecimiento a costa de la naturaleza y los bienes comunes de los territorios está por sobre esas minucias. Las supera.

La minería es el mejor ejemplo de aquello.

Los trabajadores a través de sus sindicatos defienden a las empresas donde operan, a costa de los ecosistemas e incluso de la misma subsistencia de las comunidades donde se insertan. Las zonas de sacrificio son el mejor ejemplo de aquello. El problema pasa a tragedia al saberse que muchas veces la mayoría de los empleados de estas instalaciones no viven efectivamente en los territorios que impactan.

Algún día el mineral se agotará y los pasivos ambientales permanecerán, afectando a sus verdaderos habitantes. Es así también que en el boicot a una Ley de Protección de Glaciares se unen las chilenas Antofagasta Minerals y Codelco, junto a la canadiense Barrick Gold y la británica Anglo American. Privadas y estatales juntas, porque la depredación no tiene bandera.

Por cierto que todos los sectores tienen derecho a plantear sus puntos de vista. Eso es válido. Pero no lo es vestir intereses corporativos de interés público, obviando el impacto de la minería en los glaciares chilenos.

Porque la realidad es clara.

Las exploraciones mineras de Pascua Lama (Barrick Gold) en la cuenca alta del Río Huasco, en Atacama, destruyeron entre 1981 y 2000 y en forma irreversible 62 % del Glaciar Toro 1 y el 71 % del Glaciar Toro 2.  Los Pelambres (Antofagasta Minerals del Grupo Luksic) impactó la cuenca superior el río Choapa. De 15 glaciares rocosos en el área, 4 desaparecieron casi completamente por el lastre y otros 2 fueron intervenidos por caminos.

La estatal Codelco ha causado la mayor intervención en glaciares rocosos a nivel mundial. Entre 1990 y 2008 destruyó 2,1 km2 de glaciares en la cuenca alta del Aconcagua, perdiendo entre 15 y 25 millones de metros cúbicos de agua por los depósitos de lastre e infraestructura minera. Y entre 1991 y 2000 removió entre 1 y 8 millones de toneladas de hielo al año. Y lo sigue haciendo con la continuidad de Andina.

Y Los Bronces (Anglo American) destruyó entre 1988 y 2005 casi un 1 kilómetro cuadrado de glaciares en la cuenca alta del río San Francisco, que también desemboca en el Mapocho, provocando una pérdida de entre 6 y 9 millones de metros cúbicos de reservas de agua. Y hoy quiere seguir destruyendo glaciares con el proyecto de ampliación de esa operación.

El tema no es menor, considerando que el abastecimiento de agua de al menos 7 millones de personas depende de la capacidad reguladora de los glaciares de la alta cordillera, y que en los Campos de Hielo contamos con las reservas de agua dulce más importantes del planeta. No legislar sobre ello, es mantener un riesgoso vacío legal. ¿Y así nos hablan de patriotismo? Sí, el extractivismo no iza estandarte.

Son estos los números que el lobby minero no quiere ver y cuya campaña del terror invisibiliza, haciendo fracasar al menos 6 iniciativas en los últimos 12 años, las que buscaban la protección de este esencial respaldo hídrico del país.

Los ingenieros de la carta mencionada, incluso, llegaron a señalar que los glaciares no pueden ser considerados “recurso hídrico estratégico” dado que su volumen en la zona central solo “entre 0,1 a 3,3 años de escorrentía en cada cuenca”, desconociendo la evidencia científica en torno a su aporte regulatorio del clima y que por tanto el aporte hídrico de un glaciar no es solo su volumen. Es como pesar que un bosque aporta agua solo por la humedad en él contenida.

Hoy es necesario cambiar el paradigma, principalmente porque Chile es un país altamente vulnerable al cambio climático, donde el estrés hídrico y la necesidad de contar con glaciares será cada vez más patente, por ende no resiste continuar con un modelo de desarrollo que ve la naturaleza solo como un commodity, con cuya apropiación las empresas afectan ecosistemas y la subsistencia de comunidades

El destino de la Ley de Protección de Glaciares en la Comisión de Minería y Energía del Senado nos demostrará si, de una vez en por todas en este ámbito, la elite económica y política están a la altura del desafío o si, al contrario, reiterarán un mal libreto que ha obstaculizada esta prioritaria legislación.

https://www.eldesconcierto.cl/2020/10/13/coletazos-de-rechazo-a-escazu-anuncian-inminente-votacion-de-ley-de-proteccion-de-glaciares/