Este reportaje original del medio de noticias ambientales Mongabay Latam fue escrito por Ana Cristina Basantes y es parte de una alianza con Bienes Comunes de El Desconcierto.

El 17 de julio una manifestación virtual atrajo la atención de los usuarios de redes sociales con el hashtag #SinCienciaNoHayFuturo. De inmediato se convirtió en tendencia en España, país que abrió el debate sobre la falta de condiciones para financiar la Ciencia en ese país. Varios científicos e investigadores se pronunciaron, como el biólogo Luis Escudero, quien dijo que “en España, no hay una financiación base para la investigación”. Con el correr de las horas, el debate se trasladó a otros países que comparten el mismo problema.

Durante la pandemia del COVID-19, muchos gobiernos llamaron a médicos, epidemiólogos y otros científicos para tomar decisiones: solo hasta el 12 de marzo, la revista Nature calculó cerca de 900 estudios sobre el nuevo coronavirus. La ciencia era el arma idónea para combatir una enfermedad desconocida. Pero en varios países de América Latina las decisiones no se tomaron escuchando a los expertos. “La comunidad científica, los epidemiólogos han sido bastante claros en términos de qué es lo que se debía hacer desde un principio y, a pesar de eso, el gobierno y el Ministerio de Salud han tomado direcciones incluso opuestas a lo que se ha pedido”, dice Santiago Ron, biólogo evolutivo y profesor de la Universidad Católica del Ecuador.

El biólogo Santiago Ron ya cuenta con una rana que lleva su apellido: Pristimantis Roni. Foto: Isabela Ponce.

No escuchar a científicos para ejecutar políticas públicas no es algo del COVID-19. En varios países de América Latina es una regla generalizada, especialmente en temas ambientales. Ron dice que los formuladores de políticas públicas le dan una importancia prácticamente nula a la ciencia. “Es preciso que los políticos usen las investigaciones científicas, si es el caso, pedir investigaciones científicas específicas sobre temas concretos”, dice Fernando Trujillo, PhD en Ecología y director científico de la fundación Omacha, una organización que trabaja para garantizar la conservación y el uso sostenible de ecosistemas y especies acuáticas y terrestres en Colombia.

“Necesitamos gente que trabaje en biología, meteorología, hidrología, en desarrollo territorial y en los aspectos humanísticos de las culturas que habitan ese territorio ¿De dónde van a sacar los gobiernos esa información? De los científicos”, dice Gisella Orjeda, expresidenta del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica de Perú y profesora principal de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en Perú.  En cuestiones ambientales, la desatención a las advertencias y pronósticos científicos han sido letales.

Las consecuencias

Antes y durante la construcción del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) del Ecuador en 2003, varios científicos cuestionaron los peligros de construir una tubería en una zona de alto riesgo geológico. Pero las autoridades de ese entonces hicieron caso omiso. Este año, el OCP se rompió provocando un derrame de cerca de 8900 barriles de petróleo que afectó a más de 100 comunidades indígenas y mestizas de la Amazonía ecuatoriana.

En México la relación entre el gobierno y los científicos del medioambiente no es la mejor. El 8 de junio, la Federación Mexicana de Colegios de Biólogos cuestionó en una carta pública algunas medidas tomadas por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador que apuntaban a debilitar a las instituciones encargadas de la protección ambiental y de los recursos naturales. En la misiva resaltaban el peligro de reducir el presupuesto del sector ambiental, decisión que ha provocado, señalan, el abandono de las funciones de inspección y vigilancia ambiental.

Instalación de cámaras trampa en la Reserva de la Biósfera de Calakmul. Foto: Patricio Canul.

Jorge Escobar, maestro en Ciencias y presidente de la Federación Mexicana de Colegios de Biólogos, cuenta que la relación entre el gobierno mexicano y los científicos “nunca ha sido una relación como la hemos deseado todos los que nos dedicamos a la protección del ambiente”. Para Escobar, en la actualidad México está atravesando un momento muy difícil por el distanciamiento del ejercicio del gobierno con los grupos de científicos y con la protección del ambiente. “En particular ha habido pérdida de funciones sustantivas, se ha reducido casi a nivel cero la función de vigilancia en la protección de los recursos naturales”, dice Escobar. Algo que se evidencia con el hecho de que la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) de México llegó a sus dos décadas de existencia, que cumplió el pasado 5 de junio, con el presupuesto más bajo de su historia, pero también con la amenaza de tener aún menos recursos para el segundo semestre del 2020.

Las consecuencias de la reducción son graves no solo para la protección del medioambiente sino para la vida de los científicos y ambientalistas. Escobar explica que las primeras consecuencias en este tema de la pérdida de la protección de los recursos naturales es que la mafia, relacionada con el uso clandestino e ilegal de los recursos naturales, “se ha empoderado”. Además de que las organizaciones de la sociedad civil que están pendientes del cuidado de la naturaleza “se han visto no solo amenazadas sino que ha habido pérdidas de vidas de activistas ambientales”, que en los primeros cinco meses del 2020 llega a alrededor de 10 activistas fallecidos.

La situación en Bolivia no es muy distinta a la de Ecuador, Colombia, Perú y México. El biólogo boliviano Huáscar Bustillos dice que el gobierno de Evo Morales —que gobernó por 14 años— se caracterizó por el “desapego total” a cualquier tipo de actividad científica para tomar decisiones. “Antes de que ocurra el megaincendio de la Chiquitania, al gobierno se le presentaron argumentos científicos, con estudios, sobre el alto valor ecológico de la zona para que se la declare zona de desastre, pero no hizo nada. Más bien evitó que los pronunciamientos del Colegio de Biólogos de Santa Cruz, por ejemplo, se difundieran internacionalmente”, dice Bustillos. En ese incendio se quemaron 5 millones de hectáreas del bosque seco, considerado un complejo de biodiversidad endémica donde está la Reserva Natural Tucavaca.

Bomberos luchan contra el fuego que se extendió por los fuertes vientos en toda la región chiquitina de Santa Cruz. Foto: APG.

El gobierno boliviano tampoco ha tomado en cuenta la evidencia científica sobre la situación del jaguar, una especie ilegalmente traficada.“Había artículos científicos sobre los riesgos de tráfico a los que se enfrentaban los jaguares y se los mostraron al gobierno pero el gobierno siempre respondía que no pasaba nada, y era un claro tema político porque a quienes se acusaba de ese negocio ilegal era a los chinos, y Morales decía que eran sus amigos”, dice Bustillos.

¿Cómo cerrar la brecha?

Los científicos coinciden en que considerar a ciencia y políticas públicas dos universos separados hace que las brechas sociales, económicas e incluso ambientales se hagan más grandes. Según la UNESCO, los avances en la ciencia, tecnología e innovación “contribuyen al progreso económico y social al tiempo que respetan el medio ambiente y construyen sociedades más ecológicas e inclusivas”. En Perú, el paso de conocimiento científico a políticas públicas es “inexistente en cualquier ámbito incluido el ambiental”, dice Orjeda. En Colombia la situación no es muy diferente. “No hay suficientes recursos y falta el tema de construir soluciones a partir de la investigación científica”, dice Fernando Trujillo.

Las consecuencias de relegar a la ciencia a la hora de formular las política públicas, las estamos viviendo en muchas partes de América Latina. “No tenemos industrias, no producimos cosas importantes para la gente, no producimos bienestar. No tenemos siquiera plantas de oxígeno para la gente con covid-19”, dice Orjeda, “ese es el resultado de la influencia de haber abandonado la ciencia”. “Los pocos recursos que hay con frecuencia no se los destina a grupos de investigadores que han demostrado que tienen la capacidad y se emplean en proyectos que básicamente no tienen ninguna posibilidad de ser exitosos”, dice Ron.

María Gisella Orjeda lideró el equipo que trabajó la secuenciación del genoma de la papa, publicada en la revista Nature. Foto: red nacional de juventudes del Perú

Es un gran contraste con otros países en los que la inversión en ciencia y tecnología da buenos resultados. Por ejemplo, Suecia otorgó 13 695 millones de dólares en un plazo de cinco años para financiar tres programas científicos: la Academia de Ciencias para el Mundo en Desarrollo (TWAS), la Organización de Mujeres Científicas del Mundo en Desarrollo (OWSD) y GenderInSite. Gracias a acuerdos como este, la Academia Mundial de Ciencias otorgará becas de investigación a jóvenes científicos o grupos de investigación de 66 países con necesidades en ciencia y tecnología. Las becas apoyarán estudios de postdoctorado. Además de que podrán financiar equipamiento, gastos de viaje o gastos de publicación de resultados de investigaciones en ciencias básicas.

Acortar la brecha entre ciencia y políticas públicas no es solo trabajo de políticos y burócratas. “Siempre ha existido un divorcio entre científicos y políticas públicas porque no hay una mediación”, dice Trujillo, quien sostiene que tradicionalmente los científicos generaban información muy académica y en ocasiones solo se concentraban en publicar. “Lo publicado en artículos científicos tiene que ser traducido para los tomadores de decisiones”, opina. Se necesita un aprendizaje mutuo en el que, según Trujillo, los científicos sepan cómo comunicar sus investigaciones de una manera comprensible para los políticos.

Luces de esperanza

Cuando se aplica, la ciencia logra incidir en políticas públicas a favor del medioambiente y las personas. Fernando Trujillo recuerda que estaba estudiando la contaminación por mercurio en el río Amazonas. Uno de los hallazgos fue que los peces estaban contaminados con mercurio. Pero eso no es todo, se había desarrollado pesquería en el río Amazonas principalmente de un pez carroñero. Tras ese hecho, el ecologista colombiano y su equipo comenzaron a hacer análisis de mercurio en los peces. Los resultados del análisis fueron que el pez carroñero “era uno de los que tenía más concentraciones de mercurio”.

Después de un esfuerzo de seis años por concientizar la gravedad de consumir este pez, el gobierno colombiano prohibió su comercialización argumentando que era un problema de salud pública. “Ahí tuvimos una incidencia que no fue tan lineal, se tomó sus años, y en el medio de este proceso me amenazaron, pero se logró”, dice Trujillo. Pero no ha sido el único esfuerzo exitoso, Trujillo cuenta que han logrado conservar ecosistemas acuáticos a través de la creación de nuevos sitios ramsar —humedales considerados de importancia internacional debido a su riqueza biológica— considerados como áreas claves para delfines. En Colombia apenas había nueve sitios ramsar, pero con la gestión de Trujillo se crearon tres más. Como resultado, han logrado proteger el hábitat de delfines y ponerles transmisores satelitales que les permiten entender a los científicos la importancia del ecosistema que ocupan y su gran biodiversidad.

Fernando Trujillo, director de Fundación Omacha de Colombia. Foto: archivo personal Fernando Trujillo.

La conservación de hábitats clave o la creación de nuevas áreas de conservación tiene un doble beneficio. Por un lado preserva sitios de importancia ecológica y cuida a especies en peligro. Eso fue lo que sucedió en el Lago Titicaca, que se extiende por 4772 kilómetros cuadrados de la frontera de Bolivia y Perú y es el lago navegable más alto del planeta por encontrarse a 3800 metros sobre el nivel del mar. En 2009, 2011 y 2015 se registraron casos de mortalidad masiva de ranas, asociadas con la contaminación del Titicaca. Una de las más afectadas fue la la rana gigante del Titicaca (Telmatobius culeus), que es considerada como una especie en  Peligro Crítico, de acuerdo con la Lista Roja de Especies Amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

Hasta el momento, la única alternativa que se ha encontrado para poder salvar a la rana gigante ha sido la reproducción en cautiverio de esta especie. Al menos hasta que no mejoren las condiciones ambientales del Lago Titicaca. Pero desde noviembre de 2018 y para lograr que la población de este anfibio pueda recuperarse, los gobiernos de Bolivia y Perú firmaron un Plan Binacional de Conservación, que incluye la instalación de nuevas plantas de tratamiento en el lago. Además de que en el área boliviana se han instalado estaciones de monitoreo para estudiar en forma permanente la calidad del agua.

Un ejemplar escondido en las profundidades del Lago Titicaca. Foto: Stephane Knoll (Museo d’Orbigny).

Sumar esfuerzos entre científicos, sociedad civil y gobierno podría traer consigo muy buenos resultados como lo que podría ocurrir en el Lago Titicaca. Pero, lo que es más importante, si el lago logra disminuir los niveles de contaminación, es muy probable que la rana gigante pueda vivir y reproducirse, otra vez, en su hábitat.

En México también hay buenos ejemplos de cómo la ciencia y la política pueden trabajar de la mano. En 2018, el archipiélago de las islas, declarado como reserva de la biosfera en 1994, cambió su estatus de área natural protegida a parque nacional. Con el cambio a parque nacional, se crearon nuevas disposiciones que incrementaron el área protegida, sobre todo la marítima. Jorge Escobar explica que el mar pasó de ser área de amortiguamiento a un “nuevo estatus donde el área de protección es el mar y el área de amortiguamiento es la isla para evitar que esta pesca que se daba de muchas maneras fuera de lo regulable, se contrarrestara y se prohibiera”.

El primer paso para alcanzar este logro lo dieron los científicos, quienes le propusieron la idea de la nueva zonificación a la administración de las Áreas Naturales Protegidas de México. Como resultado, se logró ampliar la superficie protegida a 14 808 780 millones de hectáreas, incrementando la superficie marina protegida en 12 veces.

Imagen de una de las Islas que forman parte del Parque Nacional de Revillagigedo. Foto: Napoleón Fillat/CONANP

Pero realizar proyectos como estos y con pocos recursos es muy difícil. “Lo hacemos con las uñas y sí falta una articulación y ese es uno de los análisis que hemos hecho desde la academia de ciencias de Colombia”, dice Trujillo. Esfuerzos como estos demuestran que sí es posible, y necesario, que la ciencia incida en las políticas públicas. Aunque alcanzar estos logros requiere de una gran alianza entre científicos, sociedad civil, comunidades locales y, sobre todo, el gobierno.

* Puedes revisar la publicación original de este reportaje y más material audiovisual en el siguiente link

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