En abril de 2019, el vertedero municipal de Ancud fue clausurado tras 40 años en funcionamiento, dejando a la comuna sin un lugar para almacenar su basura. Ante el apremio, con los residuos domiciliarios acumulándose en las calles y con una propuesta bloqueada por la comunidad, la Seremi de Salud decretó una alerta sanitaria y se resguardó en ella para autorizar el funcionamiento de un relleno sanitario en el sector de Puntra el Roble, sin evaluar el impacto al medio ambiente.  

Las problemáticas socio ambientales generadas por el depósito de residuos sólidos en el vertedero de Puntra y las irregularidades que han envuelto todo el proceso, llevaron a la comunidad a interponer dos recursos de protección ante la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, sin embargo, ambos requerimientos fueron rechazados por dicho tribunal.

Ante esta situación, la comunidad se vio obligada a apelar al fallo, y presentar un recurso de protección ante la Corte Suprema, el cual fue acogido por el máximo tribunal el pasado 28 de julio.

En su resolución, la Corte Suprema estableció que “efectivamente hubo una vulneración de las garantías constitucionales de los afectados, y que, en virtud de ello, la administración del Estado debe llevar adelante las medidas necesarias para restablecer el pleno ejercicio de los derechos fundamentales de las comunidades cercanas al vertedero”.

En concreto, los magistrados ordenan a la Superintendencia del Medio Ambiente “resolver el procedimiento administrativo pendiente, dentro del término de 30 días contados desde esta fecha (…) y coordinadamente con los demás organismos públicos con competencia sectorial, ejercerá de manera eficaz y oportuna las funciones que la ley les encomienda, a fin de adoptar de manera conjunta las medidas pertinentes que conduzcan a la resolución efectiva y global de este conflicto”.

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