Muchas y muchos nos habremos preguntado: ¿para qué sirven los militares en una pandemia? ¿Para qué un toque de queda que parte a las 10 de la noche, cuando menos gente transita por las calles? ¿Qué hay detrás de todo esto?

¿Para qué el lenguaje belicoso del gobierno, con el ministro de Defensa, Alberto Espina, declarando que tiraría “toda la carne a la parrilla” al desplegar a los boinas negras para realizar funciones de control?

El gobierno se aprovecha. Le pone suma urgencia a la Ley de Inteligencia que le otorga más facultades a las Fuerzas Armadas en el control interno, aumenta las penas para quienes incumplan la cuarentena, con cárcel incluida, y baraja la posibilidad del monitoreo con GPS a las personas mientras duren las medidas de confinamiento.

A su vez deciden aumentar las restricciones para pedir salvoconductos, atentando a la libertad de expresión, ya que impiden así que medios de comunicación no “tradicionales”, es decir, sin personalidad jurídica, puedan reportear en las calles.

Y mientras extienden el Estado de Catástrofe por 90 días más, las comunidades mapuche son duramente reprimidas con allanamientos, y denuncian nuevos casos de montaje, esta vez contra el activista Emilio Berkhoff y cuatro comuneros de la comunidad de Temulemu, a dos semanas del asesinato de Alejandro Treuquil en oscuras circunstancias, pocos días de que denunciara hostigamiento policial.

Las medidas represivas relacionadas con la pandemia el gobierno las justifica con el discurso de endosarle la responsabilidad del aumento del contagio a la población, a los “porfiados de la cuarentena”, como los han catalogado los grandes medios.

Todas estas medidas tienen un claro carácter de clase, tratando de condenar a quienes se ven obligados a salir a trabajar, cuando vemos que el mismo Presidente incumple los protocolos establecidos en el funeral de su tío Bernardino, sacerdote acusado de casos de abuso, o cuando se bajó en plena cuarentena a sacarse una provocativa fotografía en Plaza de la Dignidad mostrando crudamente sus privilegios, restregándoselo en la cara a las grandes mayorías.

Además, hace un par de días se dio a conocer una cifra esclarecedora: de los 2,5 millones de controles realizados, sólo el 0,5% se le realizó a personas que no portaban un permiso o salvoconducto correspondiente.

Es poco creíble que el salto en contagios que se está viviendo desde hace semanas sea producto del comportamiento individual de un puñado de irresponsables. ¿Cuál es el sustento entonces de estas medidas?

Hay que mirar el escenario de conjunto. El gobierno ha decidido que esta crisis la pague el pueblo trabajador. En términos sanitarios, han hecho de todo para mantener funcionando la economía (las ganancias empresariales), no han dotado a los hospitales ni a los trabajadores de la salud de los insumos necesarios para enfrentar la pandemia, y realizan una cantidad de testeos insuficiente en comparación con las cifras de contagios reales.

Esto, mientras con la ley de suspensiones laborales empujan a una disminución sustantiva del salario de cientos de miles de trabajadores y se permiten impunemente los despidos. Según un estudio realizado por Clapes UC, en estos pocos meses se destruyó la misma cantidad de empleo que se habría creado los últimos 5 años.

De cara a una recesión económica histórica, en un año donde el Banco Central prevé que se producirá la contracción económica más grande de los últimos 35 años, buscan reorganizar el país sobre bases de mayor precarización, más cesantes y peores salarios. El Acuerdo, económico, va en ese mismo sentido: un aumento del IFE que lo mantiene bajo la línea de la pobreza a cambio de un ajuste fiscal a futuro y de entregar más de 8 mil millones de dólares en regalías, rebajas de impuestos y créditos a los empresarios.

El gobierno y los partidos tradicionales saben que el pueblo trabajador no aguantará estas condiciones por mucho tiempo. Entonces se preparan para posibles nuevos estallidos. Allí radica el interés de fondo del gobierno para fortalecer su agenda represiva y autoritaria.

El papel de la oposición ha sido vergonzoso también en esta materia. Las medidas impuestas no podrían avanzar si no fuese por el apoyo de sectores por fuera de la derecha. La ley que condena con cárcel a infractores de la cuarentena fue aprobada con votos de parlamentarios de la ex Concertación.

Y a la cabeza de las organizaciones de trabajadores y sociales, como la CUT o la Mesa de Unidad Social, el PC y el Frente Amplio, se han mantenido en una tregua que llega a ser criminal.

No podemos permitir que esta agenda represiva avance. Es necesario que los organismos de DD.HH, sindicales, territoriales, sociales y organizaciones políticas de izquierda organicemos una gran campaña y movilización contra estas medidas.

Hay que poner fin a la represión y tirar abajo todas las leyes represivas y criminalizadoras. Por la libertad de las y los presos políticos de la rebelión y del pueblo mapuche.

Esto va de la mano por la lucha contra la impunidad, y porque los responsables políticos y materiales de la represión durante la rebelión paguen por sus actos, partiendo por el propio Presidente. Por eso hay que insistir en la salida de Piñera como el principal impulsor de estas medidas.