Publicada en un recóndito lugar del portal de Chile Compras, la Resolución Exenta 610-b del 9 de octubre 2019 informaba de la revocación del Convenio Marco de Libros, Revistas, Películas y Música ID 2239-11-LP14, mecanismo a través del cual se realizan gran parte de las compras públicas de dichas producciones culturales. Como la cultura es un tema menor, no se dignaron en mandar la resolución a todos los actores partícipes del Convenio Marco. Con el simple gesto burocrático de la publicación, tenían que darse por informados y como la mayoría tardó en saber del tema, invisibilizada dicha resolución en el mar de información que constituye cualquier web, no se pudo apelar de manera simple en los plazos que correspondían.

Las razones para terminar con este Convenio Marco se justifican en “los principios de eficiencia y eficacia que deben observar los organismos de la administración del Estado”, considerando la Dirección de Compras Públicas que no se cumpliría “la eficiente e idónea administración de los medios públicos” al mantener vigente el convenio. Dicha decisión de “gran celo” en el cuidado de los recursos públicos se justificaría fundamentalmente por un estudio del área de “inteligencia de mercado” y políticas de compra de la Dirección de Compras Públicas, la que advierte de “la incapacidad de este Convenio Marco de agregar demanda, lo que se traduce en mejores precios”.

En realidad, los actores del mundo del libro podríamos agregar muchos problemas adicionales a los señalados en dicho estudio en torno al Convenio Marco y las compras públicas de libros en Chile, los que han sido una y otra vez informados a las autoridades públicas, como son: la gran concentración en estas compras, la falta de valorización de la producción local, la constante exclusión de libros del Convenio Marco, la dificultad para participar de los más pequeños, etcétera. Hay listas de temas que han sido consignados en el tiempo y que no se han abordado de manera efectiva y que afectan sin duda a los mismos objetivos de los convenios marco, como “facilitar el proceso de compra”, la democratización del libro en nuestro país y el fortalecimiento de un ecosistema local. Pero, de ninguna manera, la revocación del convenio es un camino para avanzar en ello. Al contrario: dejar las compras de libros, revistas, música y películas en la opacidad y desatada burocracia de las licitaciones particulares a través de las cuales compra el Estado cuando no hay un Convenio Marco significa marginalizar aún más la producción cultural del espacio público. El nuevo sistema de “compra ágil”, que propone Chile Compras para las adquisiciones bajo las 30 UTM, no remplaza el Convenio Marco y no asegura mayor diversidad. No tiene catálogo online ni vitrina que dé cuenta de las publicaciones. Como las licitaciones clásicas, incrementa la elección a dedo. “Compra ágil” debería coexistir con el Convenio Marco, como ocurrirá en otros rubros: por ningún motivo remplazarlo.

Chile ratificó la “Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales” de Unesco (2005), en la cual el Estado de Chile se compromete a “reconocer la índole específica de las actividades y bienes y servicios culturales en su calidad de portadores de identidad valores y significados”. En tal sentido, no pueden los libros, la música y el cine ser tratados como simples mercancías, excluyéndolos de programas públicos sólo por temas económicos. Allí están los convenios marco de aseo, artículos de escritorio, avisaje en medios, campañas comunicacionales, eventos, neumáticos, pasajes aéreos. ¿Cómo entender las prioridades de las políticas públicas cuando se excluye el de libros, revistas, música y películas?

Por lo demás, ¿es acaso posible mejorar la calidad de la educación sin fortalecer la relación de los estudiantes con los libros y elevar los niveles de comprensión lectora? El libro, la lectura, la comprensión lectora, la capacidad de desarrollar y expresar ideas propias, son condiciones necesarias para avanzar hacia un genuino desarrollo como país, saliendo del círculo vicioso que significa ser una nación cuya riqueza se basa en exportaciones primarias como la minería. En vez de mejorar los mecanismos que posibiliten potenciar la relación de la ciudadanía con el libro, como son la Política Nacional de la Lectura y del Libro, el rol del libro en la educación, el motor que pueden significar las compras públicas en cultura, con medidas como la revocación del Convenio Marco el gobierno las debilita. Ello no sólo afecta a un sector o a un programa determinado, sino todo el ecosistema educativo y cultural y, a la larga, al desarrollo del país.

En medio de la fuerte crisis social y de la pandemia del coronavirus que vivimos, en momentos en que el Estado debería propiciar los mecanismos que faciliten la democratización de los bienes culturales a través de todo el país, no se puede entender que decisiones de esta índole se tomen bajo lógicas tecnocráticas, debilitando (en vez de reforzar) la acción pública en cultura. En lugar de revocar el convenio, la Dirección de Compras y Contratación Pública debería participar activamente en la implementación de la Política Nacional el Libro y la Lectura, abriendo una mesa de trabajo que permita mejorar y potenciar el Convenio Marco, facilitando las compras públicas en cultura, el potencial de las mismas, favoreciendo a su vez el acceso, la diversidad y limitando la concentración.