El secretario General de Naciones Unidas, Antonio Guterres, declaró hace unos días que la humanidad, como consecuencia del Coronavirus, enfrenta hoy la crisis global más seria desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Frente a esto, diferentes países han implementado planes con el fin de proteger a las personas de los estragos de una economía estancada por la pandemia.

En el caso de Chile, sin embargo, la respuesta del gobierno ha sido en extremo mezquina. Por una parte, la ley de protección al empleo no hace más que forzar a los trabajadores a recurrir a sus propios ahorros a través del seguro de cesantía, con la incertidumbre que implica agotar una reserva que puede ser necesaria en futuros episodios de inactividad laboral. Por otra parte, el Bono COVID, de apenas $50.000 por carga para el 60% más vulnerable y entregado una sola vez, representa un aporte casi insignificante para quienes deben intentar subsistir sin ingresos en medio de esta emergencia sanitaria.

Ante la gravedad de la crisis, estas medidas, resultan ciertamente insuficientes. Es necesario que el Estado asegure y proteja de manera efectiva a sectores más amplios de la población que hoy viven en situación de desamparo y precariedad.

Una posibilidad, que habría que considerar seriamente, sería implementar una Renta Básica de Emergencia que permita cubrir las necesidades primordiales de las personas por el tiempo que dure la pandemia y que evite que éstas se expongan innecesariamente al contagio para buscar recursos. La propuesta de una Renta Básica no es nueva. Ésta ha sido promovida en el mundo como política pública universal desde la década del 80’. En términos simples, la Renta Básica no hace otra cosa que asegurar la existencia material de todos los individuos, resguardando con ello su derecho a la vida.

Sin ir más lejos, hace pocos días, la secretaria ejecutiva de la Cepal, Alicia Bárcena, planteó que los países de América Latina y el Caribe deberían asegurar un ingreso básico universal para todos sus habitantes, en el marco de construir un futuro diferente para la región. Adoptar ese mecanismo no costaría más de 6,3 por ciento del producto interno bruto (PIB), lo que representa el monto de la evasión fiscal en la región, dijo la titular de la Cepal (Comisión Económica para América Latina) en un seminario web sobre perspectivas en Iberoamérica.

La alta funcionaria de las Naciones Unidas inscribió la propuesta de ingreso básico universal dentro de la “construcción de un futuro civilizatorio”, para lo cual “hay que cambiar el esquema de la fiscalidad del Estado, dirigiendo los recursos públicos a apuntalar los ingresos”. La actual pandemia covid-19, dijo Bárcena, “nos ofrece una encrucijada civilizatoria: o regresamos a la globalización concentradora, o construimos un futuro diferente” (Pressenza 23.04.2020 - Inter Press Service).

Para el caso de una Renta Básica para Chile - enmarcada en el contexto de una emergencia sanitaria y social - proponemos que esta medida contemple los siguientes aspectos:

1. El Estado entregará un monto máximo de hasta $150.000 mensuales para cada persona perteneciente al 80% de los hogares de más bajos ingresos durante tres meses consecutivos. El valor del monto a entregar para cada persona dependerá del decil de ingreso correspondiente a su hogar.
2. Los niños, niñas y adolescentes serán también beneficiarios de la Renta Básica de Emergencia, la que será administrada por cualquiera de sus padres o cuidadores con quienes convivan en el mismo hogar.
3. El pago mensual de la Renta Básica de Emergencia por parte del Estado se llevaría a cabo vía transferencia bancaria, utilizando la cuenta RUT o por envío de cheque.

El costo total de implementar una Renta Básica de Emergencia, en los términos aquí planteados, es del orden de los US$8 mil millones por los tres meses en que se haría efectivo el aporte estatal, cifra que para el Estado es perfectamente factible de desembolsar sin recurrir al endeudamiento.

Esta medida además permitiría beneficiar a un porcentaje mayor de personas, incluyendo a los sectores medios, con un aporte estatal a los hogares superior al que se estaría entregando a través del Bono Covid, la Ley de Protección al Empleo y el recientemente anunciado Ingreso Familiar de Emergencia.

Otra ventaja fundamental de la Renta Básica de Emergencia radica en que ésta ayuda a reducir significativamente la burocracia que supone el cálculo y la administración diferenciada de aportes estatales. Es decir, permite no disgregar a la población ni establecer diferencias entre aquellos trabajadores que se rigen por el código del trabajo, independientes, informales, desocupados/as o jubilados/as, teniendo en cuenta un contexto en que se requieren soluciones integrales, urgentes y oportunas.

El Coronavirus ha cobrado cientos de miles de víctimas de diferentes condiciones sociales, económicas o étnicas en todo el mundo y ha puesto a prueba la capacidad de respuesta de los gobiernos. En tal sentido, el Estado de Chile no puede quedar ideológicamente secuestrado por un modelo que insiste en aumentar las ganancias de las grandes empresas por sobre el cuidado de la población. Proteger la salud y asegurar condiciones de vida dignas para todas y todos los chilenos debe ser, por sobre cualquier consideración económica, la principal preocupación del Estado y esto, como hemos planteado, si hay voluntad política, es perfectamente posible de lograr a través de una Renta Básica de Emergencia, que asegure la existencia material de todos los habitantes del país.