La tercera edición del Barómetro del Trabajo realizado por la Fundación Instituto de Estudios Laborales (FIEL) y Mori Chile a tres meses del estallido social vuelve a dar cuenta de un apoyo sustantivo a la idea del cambio a la Constitución (81% quiere una nueva Constitución) y nuevamente muestra la crisis de representatividad de nuestra democracia y el carácter excluyente de ésta: el 83% no está satisfecho con la democracia y estima que Chile está gobernado por grupos poderosos en su propio beneficio.

En este contexto, las cifras muestran que el proceso constituyente iniciado por el movimiento social es inevitable, a pesar de la campaña de un sector de la derecha que quiere detenerlo por “no estar dadas las condiciones de seguridad social”; argumento absurdo si se considera que la actual Constitución fue impuesta en dictadura. Sin embargo, el carácter que ha de adquirir el mismo, es decir, si será realmente representativo (integrado por trabajadores, dirigentes sociales, etc.) y soberano (con capacidad real de fijar las reglas del poder), es una cuestión política que recién comienza a disputarse.

Es evidente que una de las razones del estallido social, que devino en el proceso constituyente actual, es la crisis de nuestra democracia, en cuanto a su capacidad de representar verdaderamente los intereses del pueblo y la crisis de las elites (los poderosos), que son percibidos como los únicos beneficiados con el actual régimen político.

De allí se explica el alto nivel de insatisfacción con la forma de gobierno y la concepción de que unos pocos se beneficien de él. Cabe entonces preguntarse, ¿es sostenible una democracia que sólo satisface y beneficia al 15%? Lógicamente no, por ello es inevitable el cambio constitucional.

La Constitución Política es el molde que define las reglas de la distribución del poder político, económico y social en nuestra sociedad y es claro que la Constitución del 80’ distribuye el poder en beneficio de unos pocos (Las AFP, los empresarios, los poderosos, etc.), en desmedro de los muchos (jubilados, trabajadores, ciudadanos, etc.).

En lo que toca al mundo del trabajo, es sabido la regulación de las relaciones laborales que impuso la dictadura. Se diseñó un molde (neoliberal) que no valorizó el trabajo, a través de normas constitucionales que, por ejemplo, no garantizan el derecho al trabajo y la existencia de un salario digno y la dictación de un plan laboral que disminuyó la influencia de la organización de los trabajadores y trabajadoras (los sindicatos, la negociación colectiva y la huelga). La estrategia fue simple: desvalorizar el trabajo y a quienes pueden lograr revertir tal situación.

Por ello, es importante que el mundo del trabajo, ante el debate constitucional en curso, ponga al centro la necesidad de REVALORIZAR EL TRABAJO en una Nueva Constitución Social nacida en democracia y se reconozca y garantice, no sólo el derecho al trabajo y a un salario digno, sino que se reconfiguren las relaciones de poder al interior de la relación laboral, a través de garantizar la Negociación Colectiva Ramal y el más amplio ejercicio del Derecho a Huelga.

La Constitución debe reconocerles a los actores sociales del mundo del trabajo (Sindicatos, Federaciones, Confederaciones y Central Sindical) un rol relevante en las definiciones estratégicas de gestión, inversión, productividad y crecimiento económico en nuestro país y sus empresas, para de esa forma avanzar hacia una democracia más incluyente y representativa de quienes somos mayoría: los trabajadores y trabajadoras.