En columna pasada publicada en El Desconcierto, entregamos bastante documentación asociada al intento de 4 personas jurídicas inmobiliarias, 3 sociedades por acciones (SpA) y una sociedad anónima (SA), las que, con los valiosos auxilios de connotados y efectivos lobbystas profesionales, uno de ellos ex autoridad del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), están tratando de convencer a la institucionalidad ambiental para que los autorice a destruir abundante bosque nativo en unas zonas rurales, por lo tanto excluidas al desarrollo urbano, sectores localizados en las partes altas de las comuna de Colina y Lo Barnechea, región metropolitana de Santiago.

El modelo de negocios de esos temerarios empresarios es vender subdivisiones prediales, parcelas, de diferentes superficies, las que ya están ofreciendo en el mercado inmobiliario con la idea de que sus adquirentes construyan viviendas de alta gama, es decir, la operación comercial solo está dirigida a las personas con mayor capacidad económica del país.

Ellos saben que sus extensas tierras, de entre 1.500 y 2.000 hectáreas en total, están calificadas en el artículo 8.3.1.1 del Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS) como áreas de preservación ecológica, frágiles tipologías colocadas bajo protección oficial en los dictámenes número 37.731 del 21 de agosto de 2007 y número 4.000 del 15 de enero de 2016, ambos de la Contraloría General de la República, asunto vinculante que esos inversionistas pasan por alto pues sus únicos propósitos es la obtención a la fuerza de las consabidas plusvalías patrimoniales. Esas parcelaciones se venden en sumas altísimas. de acuerdo a la propaganda que se observa en sus páginas web.

Hasta ahora el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) no ha permitido esas actividades, aunque para uno de esos proyectos lo liberó de someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), con la triquiñuela de que el proyecto no era un loteo ni una actividad inmobiliaria, sino tan solo se trataba de simples obras de vialidad, alumbrado y evacuación de aguas lluvias, las que, según ese negligente servicio público, no generaban impactos ambientales. Lo anterior, a pesar de que a simple vista se observa la eliminación de abundante vegetación esclerófila para dar paso a la pavimentación de las vialidades.

A esta fecha la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA), en conocimiento pleno de estas 4 actividades depredatorias de nuestra naturaleza, por algún motivo incomprensible para este columnista, no ha iniciado los procesos sancionatorias de rigor, ni menos ha paralizado las faenas mecánicas que están produciendo daños ambientales de proporciones.

Sabemos que los lobbystas contratados por los interesados tienen muy buenas relaciones con el aparato del Estado y para que salgan airosos en sus cometidos, la institucionalidad tendrá que modificar el SEIA, con un acto administrativo lleno de palabras muy convincentes, para que así este instrumento sea más “ágil”, asunto que ya tiene desde hace más de un año la bendición divina del poderoso Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, presidido por la ministra de Medio Ambiente

Pero para que no se evidencie públicamente la movida, ya que el SEIA tiene mucha visibilidad, lo más práctico para lograr el deseo mercantil es cambiar las reglas del juego contenidas, ya sea en el artículo 55º u otros de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC), o bien cambiar el artículo 8.3.11 del PRMS. En ambas decisiones, que no pasan por el Congreso Nacional, luego no están amparadas por leyes, quien tiene la última palabra es el ministro Cristián Monckeberg, quien con el presidente Piñera, firma un Decreto Supremo (DS) respecto de la modificación de la OGUC. Para cambiar el PRMS también es resorte del mismo ministro, aunque quien debe firmar el papelito es el intendente metropolitano Felipe Guevara o su reemplazante en el cargo.

Pero el sentido común nos indica que Monckeberg, quien ha dado muestras fehacientes de ser un político serio, no se prestará para ser un instrumento ayudista de esos 4 especuladores y por ello, veremos cual servicio público interpondrá las querellas ante los tribunales por los daños ambientales ya ocasionados en esos territorios protegidos por el Estado de Chile.