El colectivo Las Tesis nos enseñó a gritar "El Estado opresor es un macho violador” pues habían aprendido de Rita Segato, la antropóloga feminista argentina, que la violación no es un acto sexual, sino uno de demostración de poder, de dominación, en definitiva, un acto político.

Cuando, según la Consulta Municipal de mediados de diciembre y la reciente Encuesta CEP, el tema más importante de la agenda social son las pensiones, para las mujeres se hace evidente la violencia institucional, pues son las más perjudicadas con el sistema de capitalización individual.

Sobran estadísticas. La Superintendencia de Pensiones publica que, en noviembre de 2019, de las 432 mil mujeres pensionadas por vejez (edad) en el sistema de pensiones vigente, la mitad, como máximo, apenas alcanza a autofinanciar una pensión de 110 mil pesos, es decir, con su ahorro ni siquiera generan una pensión que supere la línea de pobreza extrema por persona equivalente de 112 mil pesos (Ministerio de Desarrollo Social).

En Chile, con un capital humano poco desarrollado y escaso poder de negociación, el 50% de los hombres ocupados gana menos de $ 411.100 líquidos y en el caso de las mujeres esta cifra alcanza a los $ 343.234 (ESI, 2018). A los bajos salarios podemos sumar un Código Laboral que responsabiliza a las mujeres del cuidado familiar. Esto muchas veces se traduce en una baja densidad de cotizaciones debido a que se desiste de participar en el mercado laboral o se participa de manera informal o intermitente. Si adicionamos una menor edad de jubilación y mayor esperanza de vida, la combinación es nefasta. Si la pensión depende de cuánto logró acumular el trabajador/a en su cuenta personal, es esperable que las mujeres tengan pensiones bajas y menores que las de los hombres.

Lo importante es comprender que esta desventaja de las mujeres no es natural, sino propiciada por el orden de género imperante ¿Qué ha hecho el Estado para avanzar en una educación no sexista, para ofrecer proyectos de vida alternativos a las mujeres y para involucrar a los hombres en el espacio familiar y doméstico? ¿Qué ha hecho para propiciar espacios laborales donde hombres y mujeres puedan desarrollarse en igualdad de condiciones? ¿Qué ha hecho para reconocer el trabajo de millones de mujeres que se dedican a la crianza y las labores domésticas, sin posibilidad de ahorrar en sus cuentas capitalización individual? ¿Qué ha hecho para que cada mujer no deba hacerse cargo individualmente de su mayor longevidad?

La configuración del Estado no es neutral al género. De hecho, al no ser conscientes de esto, se generaliza y se asume como estándar al grupo dominante, es decir, lo masculino se transforma en lo universal ¿Cuánta urgencia tiene el Estado de responder las preguntas anteriores si carece de un prisma femenino?

Las mujeres y sus pensiones no pueden esperar más. El Estado debe reconocer las diferencias entre hombres y mujeres y hacerse cargo de nivelar las desigualdades en las que se ha traducido esta diversidad. La propuesta del gobierno es insuficiente porque apenas avanza en materializar los principios de la OIT para la seguridad social.

Una nueva Constitución ofrece espacio para redibujar las reglas del juego. Solo con una Convención Constituyente paritaria en términos de género será posible hacer ver y corregir las inequidades que hasta ahora están naturalizadas. Cuando el Estado se hace el ciego frente a esta realidad, oprime y viola. No seamos cómplices.