Durante este viernes, la Corte de Apelaciones de Concepción declaró admisible un recurso de protección presentado contra el ministro de Salud, Jaime Mañalich. La acción judicial busca esclarecer el cumplimiento de la Ley del Sida (19.779) respecto a la campaña preventiva.

A inicios de diciembre comenzó el plan comunicacional del Ministerio de Salud. Según el recurso de protección, el plan ministerial fue puesto en marcha sin considerar la participación de la comunidad que vive con la enfermedad. "La actual campañana VIH/SIDA no se ha elaborado ni ejecutado con la participación de la comunidad, como lo reclama el recurrente y diversas organizaciones comunitarias de la sociedad civil con trabajo reconocido en la prevención del VIH/SIDA (Art 2° Ley 19.799)", se lee en el documento.

Otro de los puntos a los que se refiere el recurso es que "la actual campaña del Ministerio de Salud, no incluye ni se enfoca en la prevención en poblaciones que ONUSIDA señala como prioritarias, no recogiendo entonces, la realidad epidemiológica nacional e internacional". Lo anterior referido a que el objetivo del mensaje debería a apuntar a hombres que tienen sexo con hombres. El tercer y último punto indica que no se han promovido los derechos de quienes viven con VIH/SIDA, que es también parte de la ley homónima.

El activista Víctor Hugo Robles, conocido como "el Che de los gays", señaló: "es importante porque viene a validar una serie de demandas, de críticas de la sociedad civil, en torno a no haber sido convocados a participar en la elaboración e ideación de esta campaña, y mucho menos en la presentación y desarrollo de la campaña misma".

Por su parte, el abogado Esteban Arévalo, quien patrocinó la acción, precisa: "Desde el punto de vista jurídico, estimamos que la ley es clarísima en cuanto a establecer la obligatoriedad para el Estado, en este caso, el Ministerio de Salud, de considerar la participación de la comunidad en la elaboración, ejecución y evaluación de las políticas de VIH/SIDA y particularmente las campañas comunicacionales de prevención".

"Esta obligación legal ha sido históricamente incumplida por el Ministerio de salud y de esta forma se ha hecho necesario acudir ante los tribunales de justicia. La participación de la comunidad es imprescindible", agregó el legalista.

"Esta camapaña de 2019 no fue hecha con la participación de la sociedad civil, de las organizaciones con trabajo en VIH/Sida, que no fueron convocados ni insertadas en ella", concluye Robles.

El recurso obliga al Minsal a entregar una respuesta al respecto en 8 días.