¿Qué nos sucede como sociedad con la realidad de miles de niños, niñas y adolescentes (NNA) que viven encerrados y violentados de manera permanente y sistemática en residencias del Servicio Nacional de Menores? ¿Por qué la indiferencia de las autoridades políticas y de la sociedad civil en general a esta dramática situación ¿Qué podemos hacer frente a todo esto?

Como directiva de la Red Chilena de Pedagogía en Contexto de Encierro, que conocemos esta realidad de cerca por nuestro quehacer profesional y principalmente como seres humanos, no avalamos, no justificamos, ni aceptamos, las condiciones que el Estado de Chile ha generado para que habiten las personas más importantes de Chile, sus niños, niñas y adolescentes.

Hace algunos días nos enteramos de otro dramático informe entregado en diciembre del 2018 por la Policía de Investigaciones (PDI) a la Fiscalía con copia al Gobierno. El informe, que recién se hizo público en julio de 2019, contenía una investigación realizada en 2017 a 240 centros, 29 de ellos de administración directa de Sename, que corresponde al 12% del total, mientras que el 88% restante corresponde a organismos colaboradoras (OCAS). En la investigación se da cuenta de 2.071 abusos, 310 de connotación sexual.  A la triste realidad de los 1.313 niños, niñas y adolescentes fallecidos entre 2015 a 2016 se suman 15 fallecimientos más ocurridos entre enero y marzo de 2019 en centros de SENAME.

En el año 2015 se conformó la Comisión investigadora Sename II cuyo propósito era evaluar “la forma en que las autoridades del Gobierno han atendido las propuestas de la Cámara de Diputados, con ocasión de la aprobación del informe de la Comisión Especial Investigadora del funcionamiento del SENAME en el año 2014, y particularmente sobre la situación de niños, niñas y adolescentes y de aquellos menores carentes de cuidado parental en Chile”. El resultado fue lapidario, y a pesar de los diversos anuncios gubernamentales con supuestas medidas para superar la situación de vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes en centros de SENAME, la situación en la actualidad lamentablemente no ha sufrido ningún cambio profundo, en relación con los ejes deficitarios identificados por la Comisión SENAME II en relación con:

1. La incapacidad del Estado de crear condiciones mínimas para los niños que tiene a su cargo.

2. Las graves deficiencias en el diseño, la ejecución y los programas que se implementan en el sistema de protección

3. La inexistencia de mecanismos de coordinación intersectorial, así como la desconexión y descoordinación entre los diversos programas públicos y colaboradores.

4. La falta de riguridad de los funcionarios del Sename, direcciones regionales y Dirección Nacional en denunciar los hechos constitutivos de delitos contra niños, niñas y adolescentes al interior de sus dependencias.

5. La discriminación a los niños y niñas y sus familias por condiciones socioeconómicas deficitarias y pobreza, privilegiando la internación en el sistema de residencial por sobre modalidades ambulatorias de apoyo a las familias y sus circunstancias de vida. Dichas condiciones son utilizadas por los organismos del sistema como causa para denunciar maltrato o faltas de cuidado parental, a través de informes técnicos no periciales que emiten los mismos organismos, que sirven de plena prueba en los Tribunales de Familia que decretan la internación.

6. Graves problemas de supervisión de los Centros por parte del Sename.

7. El Incumplimiento por parte del Estado de la Convención de los Derechos del Niño de forma “vergonzosa e inexcusablemente los preceptos de dicho tratado, por lo que se configura la responsabilidad internacional del Estado, por vulnerar de forma grave y sistemática los derechos y la dignidad de los niños a su cargo”[1].

Otros informes emanados de UNICEF, del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), el Comité de los Derechos del niño de Naciones Unidas, comparten y anuncian la falta de atención y responsabilidad estatal hacia los NNA, como una triste y real evidencia que constata que Chile ha violado sistemáticamente sus derechos humanos. Pero todas estas indagaciones solo cuentan con la indiferencia de las autoridades de turno que, además, son las responsables que estas situaciones no ocurran en tanto garantes principales, y también con la indolencia de la sociedad civil, que se supone debe actuar como co-garante del respeto a los derechos humanos.

No se trata de casos aislados, ni cometidos por personas en particular, sino más bien por el conjunto de un sistema que se estructura desde un funcionamiento que contempla la trasgresión de los derechos humanos de los NNA como parte de su organización y modos de operar. En respuesta a tal resultado el Estado de Chile reconoce en sus declaraciones que ha fallado en proteger los derechos de los NNA chilenos y conforma una mesa en el año 2018 con más de 30 actores, la mayoría de ellos con cargos políticos relevantes, ministros, sub secretarios, senadores, diputados, entre otros, para dar inicio a un trabajo que compromete la mejora para la dignificación de los NNA residentes del SENAME, y que tuvo por nombre “Acuerdo Nacional por la Infancia”. Acuerdo que aún no provoca la transformación profunda y urgente que requieren los niños, niñas y jóvenes de Chile

Nos preguntamos por qué los hijos e hijas de Chile se encuentran viviendo en dramática realidad que se ha transformado en un infierno de deshumanización y tortura, y lo que es aún más brutal, al amparo de órganos del Estado de Chile mandatados para “protegerles” o custodiarlos si han infringido la ley.

Ha pasado más de un año, y con mucho dolor surge la necesidad de hablar por los que no tienen voz en nuestro país, los gritos de auxilio de NNA son acallados con anuncios e iniciativas gubernamentales ineficientes, y todo permanece igual. Las autoridades de turno evaden gravemente sus responsabilidades como si se tratará de seres de menor valor o categoría, se excusan y defienden sin ninguna vergüenza, agravando más su falta.

Abogamos para que, como sociedad civil, denunciemos esta situación y nos asumamos como garantes en la convicción que los NNA son sujetos de derecho, desterrando el maltrato, la vulneración a sus derechos humanos, evitando todo tipo de discriminación por condición de pobreza, marginalidad social, origen, condición sexual u otras, que les invisibiliza frente a aquellos que tienen la autoridad política y económica y también frente al mundo adulto en general. Hacemos un llamado a los y las intelectuales, profesionales, obreros/as, dirigentes sociales y ciudadanos/as a un pronunciamiento decidido desde la acción para que el Acuerdo por la Infancia, sea real, sustantivo, transformador y para que nunca más en Chile un niño, niña y adolescente deba sufrir la vulneración de sus derechos a manos del Estado, ni de la sociedad civil.

Directiva de la Red Chilena de Pedagogia en Contextos de Encierro. (Red PECE)

[1] Informe comisión especial investigadora de la forma en que las autoridades han atendido las propuestas de la cámara de diputados, por la aprobación del informe de la comisión investigadora del SENAME en el año 2014, y la situación de menores de edad carentes de cuidado parental. Disponible en: https://www.camara.cl/pdf.aspx?prmID=35387&prmTIPO=INFORMECOMISION