La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y la Superintendencia de Pensiones (SP) informaron hoy que el pasado viernes 5 de abril, resolvieron sancionar a seis asesores previsionales, tras detectar irregularidades en operaciones realizadas a través del Sistema de Consultas de Ofertas y Montos de Pensión (SCOMP).

En un proceso de fiscalización conjunto iniciado en agosto de 2018, la CMF y la SP detectaron “casos de uso irregular de los Certificados de Ofertas de Pensión –emitidos por SCOMP-, con el objetivo de adelantar la aceptación de ofertas y selección de modalidad de pensión de los afiliados al sistema y, con ello, asegurar el cierre del negocio y el pago de la comisión respectiva”, según informaron ambas instituciones este miércoles en un comunicado.

En específico, la CMF y la SP, establecieron que los asesores previsionales investigados incurrieron en dos “infracciones graves”. “Falta al resguardo de la privacidad de la información de los afiliados, al utilizar sin autorización sus datos personales”. Esto, en un proceso en el que los asesores prevsionales remitían la información de sus afiliados “a otro asesor que elaboraba versiones adulteradas de los Certificados de Oferta, para darles la apariencia de originales, previo pago de una suma de dinero”.

La otra “infracción grave” fue la “aceptaciones de oferta y selección de modalidad de pensión, utilizando los Certificados de Oferta adulterados, en lugar de Certificados de Ofertas SCOMP originales”. En otras palabras, la aceptación de estos certificados falsificados como originales.

Según la CMF y la SP: “las conductas sancionadas revisten la mayor gravedad”. Esto, debido particularmente a que estas conductas vulneran “la obligación legal expresa que recae sobre los asesores previsionales de resguardar la privacidad de los datos personales de los afiliados y de no usar sin autorización, la información de éstos y sus beneficiarios”.

Los seis asesores previsionales investigados por la CMF y la SP fueron sancionados con multas por montos entre las 189 y las 1.140 UF. Además, cinco de ellos sufrieron suspensiones para ejercer sus cargos, y uno de ellos, sufrió la cancelación de su inscripción en el Registro de Asesores Previsionales.