El presidente Piñera, en uno de esos arrebatos de espontaneidad a los que nos tiene acostumbrados de vez en cuando, ha señalado que el proyecto de ley que el gobierno denomina de “Admisión Justa[1]” es necesario porque “da más libertad a los que están en la industria de la educación” (sic).

De esta forma, el presidente nos ha dicho una importante e incómoda verdad. Verdad que esconde, también, tres tristes mentiras.

La verdad es que el objetivo de esta ley es hacer más fácil el trabajo de los sostenedores (quienes administran nuestras escuelas y liceos). Ellos, sin duda, se verían beneficiados si se les permite seleccionar (aún más) a las y los estudiantes con mejores rendimientos y a quienes cuentan con más y mejores apoyos familiares. Es decir, si se les permite a quienes manejan la “industria de la educación” elegir a quienes van a educar. Obviamente elegirán a aquellos estudiantes con mejores notas y con menos conflictos familiares, en detrimento de aquellos que viven situaciones más complejas en sus hogares. Este asunto es clave: los estudiantes no seleccionados no son los menos inteligentes, sino los que obtienen menores puntajes en las pruebas estandarizadas como el SIMCE (la literatura científica es muy clara en Chile y en el mundo en el sentido de no confundir inteligencia con puntajes en pruebas estandarizadas, estas pruebas sólo miden capital cultural y social de los estudiantes). En ese sentido, es una selección de las variables de cuna del estudiantado.

¿Por qué es algo tan apreciado para los sostenedores seleccionar a estudiantes que obtienen altos puntajes SIMCE? El sistema escolar chileno funciona premiando a las escuelas con altos puntajes SIMCE y castigando a las que tienen bajos puntajes. Los premios van desde tener más autonomía financiera hasta captar, vía marketing ministerial, mayor matrícula y así obtener más recursos económicos, debido a que en Chile las escuelas reciben recursos en función de la cantidad de estudiantes que tienen, una de las joyas ideológicas neoliberales que se aplican sólo en este país. Se trata de una situación muy anómala a nivel mundial, pero que guía el comportamiento de quienes manejan la “industria de la educación” desde hace más de 35 años.

La parte incómoda de la verdad: el modelo educativo de mercado, privatización, competencia y destrucción de la educación pública, si bien se implementó a sangre y fuego a comienzos de los años ’80 en plena dictadura cívico-militar, se ha perfeccionado sistemáticamente durante los distintos gobiernos civiles de la Concertación de Partidos por la Democracia, del primer gobierno de Piñera y de la Nueva Mayoría. En otras palabras, durante los distintos gobiernos civiles posdictadura se han aprobado decenas de leyes educativas, las cuales, al no cambiar los pilares del sistema, sistemáticamente han ido en beneficio de un actor central en la educación. Este actor no son los niños, niñas y jóvenes, tampoco los padres y madres, y las comunidades educativas como se nos ha hecho creer, sino los sostenedores, los administradores, los dueños de la “industria de la educación”.

Gracias a esta importante e incómoda verdad que nos recuerda el presidente, podemos entender medidas que se han tomado a lo largo de estas décadas, que no tienen ninguna lógica desde el enfoque de “fortalecimiento de la educación pública” que tantos gobiernos esgrimieron, y que es un eje fundamental de la democracia de todo país. Solo algunos ejemplos: La igualdad de trato por parte del estado a instituciones públicas y privadas y la obligación de seguir compitiendo por recursos (LGE 2007, Ley SEP 2008), reducir calidad educativa a puntajes SIMCE (Ley de Aseguramiento de la Calidad de la Educación 2011), el traspaso gigantesco de recursos estatales a manos de sostenedores privados (Ley de Inclusión 2015), la creación de una agencia público/privada para administrar los servicios locales con directores de servicio con perfil gerencial (Ley de Nueva Educación Pública 2017), asociar el salario docente (trabajo colectivo de por sí) a rendimientos en pruebas estandarizadas individuales (Ley de Carrera Docente, 2016), facilitar los despidos docentes por parte de los sostenedores (Ley de Calidad y Equidad o Ley Lavín, 2011).

Ahí la incómoda verdad, pero ¿dónde están las tres tristes mentiras?

La primera salta a simple vista si uno lee las declaraciones de la ministra de educación y concretamente el texto de este proyecto de ley, cuyos fundamentos se exponen en 10 párrafos. Siendo la selección escolar uno de los temas más estudiados a nivel mundial durante las últimas décadas, estos fundamentos citan sólo dos estudios. Uno que señala que el “efecto par”, es decir que la influencia positiva que tienen los rendimientos estudiantiles en aulas con pares diversos, es “difícil de medir” (Illanes, 2014) y otro llamado la “educación con patines” escrito por un conocido filósofo liberal y un economista neoliberal, publicado por “ediciones el mercurio” (Fontaine y Urzúa, 2018). No obstante, la evidencia mayoritaria, tanto nacional como internacional, señala justamente lo contrario: desde el punto de vista pedagógico, en aulas heterogéneas todas y todos los estudiantes ganan, aprenden de sus diferencias, se potencian mutuamente (Manzi, 2007; McEwan, 2003; Patacchini, Rainone y Zenou, 2017; Radic, 2014; Rodríguez, 2010; Taut y Escobar, 2012).

La segunda dice relación con que esta ley no es una ley que fortalezca la calidad de la educación y promueva a los estudiantes que lo merecen; por el contrario, es una ley que fortalece la gran segregación y estratificación de nuestro sistema educativo (OCDE, 2017), reproduciendo la desigualdad social y condenando a la gran mayoría de nuestros estudiantes a vivir en ghettos. La verdad, detrás de la mentira, es que éste es un proyecto de segregación escolar y de fortalecimiento justamente del negocio en educación. Está claro que más que responder a evidencias (al igual que todo el entramado legal de estos casi cuarenta años), responde a una creencia ciega en los supuestos beneficios de la competencia entre estudiantes, la estratificación social, el mercado y la privatización.

La tercera, y grave mentira, es que este proyecto de ley de “Admisión Justa”, tal vez incompleto en su preparación, no está fundado en una preocupación por la educación, se lanza para sacar de la agenda pública el intenso debate respecto a la necesidad de que el ministro del interior renuncie después de haber mentido abiertamente al país sobre las verdaderas circunstancias en las cuales, desarmado, fue asesinado Camilo Catrillanca en un operativo de Carabineros.

Por último, no se puede pasar por alto que, una vez más, se lanza un proyecto de ley que no cuenta con la participación de los actores del mundo educativo. Es más, no tiene ninguna intención de que así sea, toda vez que se presenta al inicio de las vacaciones de verano, cuando ni estudiantes ni docentes se encuentran en las escuelas, sus espacios naturales de organización. A pesar de aquello, diversas voces críticas se han levantado durante esta semana rechazando el proyecto, grupos de académicos con años de trayectoria en investigación educacional y el mismo Colegio de Profesores, en su Asamblea Nacional Programática, ha señalado la necesidad de realizar las gestiones y manifestaciones necesarias para impedir su aprobación.

Con todo, a más de una década de luchas por la educación pública en nuestro país, y frente a la clara intención del gobierno de turno de imponer leyes a espaldas de la ciudadanía, seguimos sosteniendo que una verdadera transformación requiere la participación activa de ésta en la creación de un sistema nacional de educación pública articulado, que forme ciudadanos y promueva la integración social, no la segregación.

Observatorio Chileno de Políticas Educativas – OPECH

Movimiento por la Unidad Docente – MUD

[1] El nombre exacto del proyecto es “Ley que perfecciona el sistema de admisión escolar, incorporando criterios de mérito y justicia” (Mensaje N°362-366)