Corría el año 2011 y el recién llegado ministro Pablo Longueira tomaba las riendas de la cartera de Economía y comenzaba a liderar uno de los temas más conflictivos con el empresariado, el proyecto de Ley de Pesca. No hay que olvidar que las diferencias con la industria pesquera ya había tenido un primer damnificado, con la salida del gabinete de Juan Andrés Fontaine quien abogó por la apertura del concentrado sector, en línea con lo que se suponían era la posición del entonces presidente Sebastián Piñera.

Una de las primeras medidas de Longueira fue la conformación de la llamada “Mesa Pesquera”, iniciativa en la que artesanales e industriales a fines se pusieron de acuerdo y se repartieron los recursos pesqueros. La promesa de la misma y que luego sirvió de base para aprobar la Ley de Pesca al año siguiente, fue un sustancial aumento de la cuota de pesca para la pesca artesanal del 50%.

Por años este supuesto incremento ha sido el “caballo de batalla” de quienes validan la norma, pero lo cierto es que las cifras hablan por sí solas. Hoy con la llegada de Piñera nuevamente al Gobierno, la gran industria ha vuelto con estos argumentos, a fin de evitar cambios profundos a la norma, como ha sido el compromiso del mandatario. Pero, los datos no mienten, la asignación de recursos están mal distribuidos.

A solo un año del acuerdo, y considerando las principales pesquerías del país, la industria pesquera concentraba el 61% (1.475.697 ton.) y el sector artesanal el 39% (942.090 ton.). Se veían las primeras inconsistencias del acuerdo.

El 2013, como consecuencia de la sobreexplotación de los recursos pesqueros atribuido a la pesca industrial, si bien el porcentaje asignado se mantuvo, hubo una baja considerable en las toneladas; mientras la pesca artesanal capturaba poco más de 745 mil ton., la industria arrojaba cifras cercanas al millón 200 mil ton. de captura.

Estos datos dan cuenta que los acuerdos de la mesa y los alcanzados más tarde entre los parlamentarios para aprobar la ilegítima Ley de Pesca, nunca fueron concretados en favor de la pesca artesanal.

Esta tendencia continuó en los años siguientes. Los porcentajes para la gran industria se mantuvieron sobre el 60%, con un incremento que superó el 70% para los años 2016 y 2017. En tanto, el sector artesanal del 39% de cuota de captura del 2012, los porcentajes fueron a la baja con el más importante descenso el año recién pasado, donde solo lograron el 31% de las asignaciones de las principales pesquerías del país.

En este punto no podemos olvidar, que públicamente tanto la Subsecretaría de Pesca como la propia industria pesquera, daban cifras a los medios de comunicación que abultaban dichos montos. Lo que no aclaraban, era que entre las principales pesquerías habían decidido incluir el recurso alga, que en la actualidad es de subsistencia y que no tiene el impacto económico de los peces, o incorporaban los datos de desembarque, que tiene otros vaivenes, pero que al final del día da cuenta de la eficiencia del sector artesanal.

Las cifras no mienten. El 2014 las toneladas artesanales llegaron 654.928; el 2015 bajaron a 553.938 ton.; el 2016 disminuyeron a 464.532 ton. En tanto, el 2017, fueron asignadas 495.033 ton.

Para este año, las cifras no habrían tenido mayor variación, sino fuera porque se incorporó la cuota de jibia en favor de la pesca artesanal (también para la industria), permitiendo un leve aumento en los porcentajes totales de captura, pero no lo suficiente para pensar en un real impacto para el sector. Así, los artesanales tendrán fijadas 617.795 ton., equivalente al 34%. Sin embargo, en esta ecuación la gran industria no pierde, manteniendo 1.182.033 ton., es decir, un 66% de las asignaciones.

El famoso 50/50 como el gran logro de la Ley de Pesca es una gran mentira. Un discurso que las autoridades de gobierno –de un lado y de otro- han mantenido vigente, solo para perpetuar los intereses de las 7 familias. Lo concreto es que pese a que la ciudadanía, la justicia, los principales economistas del país, han dado cuenta desde sus ámbitos de los perjudicial que es la norma, no ha tenido el más mínimo cambio.

Chile es una potencia mundial a nivel pesquero, el 7° país en descargas. No obstante, estas ganancias se siguen manteniendo entre un pequeño grupo de privilegiados y no permiten que la pesca artesanal levante cabeza y menos que los chilenos disfruten de las mismas. El resultado para el país solo ha sido colapso y sobreexplotación, y ningún interés en cambiar las cosas. Sabemos que en los discurso y en la prensa, el papel aguanta mucho, pero que cuando hay que redistribuir las asignaciones pesqueras en favor de los artesanales, la influencia de las 7 familias está plenamente vigente.