El legado ambiental de la presidenta Bachelet va más allá de la aprobación de la ley marco de reciclaje o el anuncio de la erradicación de las bolsas plásticas de un solo uso.

El gran logro ambiental de la presidenta Michelle Bachelet consiste en dejar al país la mayor creación de áreas protegidas de la historia. Al finalizar este gobierno, el territorio marino protegido en nuestro país alcanzará cerca de 1.600.000 kms², casi tres veces lo que estaba protegido a principio de año (463.000 kms²), posicionando a Chile como uno de los cinco países con más áreas marinas bajo algún tipo de protección en el planeta. Tratándose de conservación terrestre, este gobierno recibió la mayor donación privada de tierras de la historia del país, para crear tres parques nacionales: Pumalín, Melimoyu y Patagonia. Además, se agrandan otros tres parques nacionales, entre ellos el Hornopirén.

Según el informe de la OCDE, Valuation of Biodiversity Benefits (2001), el medioambiente es uno de los cuatro principales ejes impulsores del bienestar social, tan importante como el estado de la economía, la justicia social y la salud de la población. Es más, la contribución de los ecosistemas al bienestar humano –concepto conocido como servicios ecosistémicos– es fundamental para el adecuado funcionamiento del mundo como lo conocemos. Entre estos servicios se incluyen la regulación del clima, la creación de aire puro, la seguridad hídrica, la polinización, la protección ante desastres naturales como plagas y la recreación estética y espiritual, entre varios otros. Pues bien, hay estudios que explican que el valor de todos los servicios ecosistémicos del planeta asciende a casi el doble de la producción económica de todo el planeta. Esto quiere decir que los problemas de la tierra son también los problemas de la gente. Debemos cuidar el patrimonio natural de todos los chilenos porque en el largo plazo significa más crecimiento para el Chile que queremos.

Pero más allá de la gran cantidad de hectáreas de áreas protegidas que se suman a nuestro país en este gobierno, no debemos perder de vista de cara a estas elecciones que aún estamos lejos de alcanzar un modelo de desarrollo sustentable como país que basa su economía en la explotación de recursos naturales. Nuestro país es uno de los más vulnerables al cambio climático, lo cual es especialmente grave dado los inaceptables niveles de desigualdad que existen en el país. La falta de adaptación de nuestro país al cambio climático permitió la existencia de terribles incendios forestales este año. La ciencia nos indica que uno de los efectos del cambio climático es que aumenta la frecuencia de eventos extremos como, por ejemplo, intensas olas de calor, que en enero y febrero de 2017 llegaron a más de 45 grados. Además, el cambio climático ha causado la sequía más extensa y profunda del último tiempo entre los años 2010 y 2016. En conjunto, esto nos llevó a perder más de 580 mil hectáreas producto de incendios, cifra que es mayor a la que fue donada por privados al Estado como áreas protegidas. Al mismo tiempo, este año 2017 nuestro país sufrió la extinción de una especie vegetal, lo cual es una pérdida patrimonial grave para el país, ya que los procesos evolutivos que forman una especie tardan cientos de millones de años en realizarse.

Este tipo de situaciones nos muestran una y otra vez que Chile necesita progresar y fortalecer su institucionalidad ambiental. Hoy día las distintas funciones estatales respecto a la gestión de la biodiversidad están fragmentadas y aisladas en diversos órganos administrativos que actúan descoordinadamente. Es necesario que un solo órgano del Estado reúna las atribuciones y competencias que permitan gestionar nuestro patrimonio natural sustentablemente. Necesitamos saldar nuestra deuda con la creación de una institución moderna que no sólo sea reactiva al evitar, mitigar, restaurar y compensar daños medioambientales, sino que sea capaz de proyectar políticas a mediano y largo plazo, con una gestión adaptativa, tanto dentro como fuera de las áreas protegidas.

Es por esto que el toque final del legado de este gobierno debe culminar con la ley que crea el Servicio de Biodiversidad. Es más, este proyecto de ley de biodiversidad fue una de las primeras 50 medidas a ejecutar dentro de los primeros 100 días del gobierno de Michelle Bachelet. Incluso la OCDE ha solicitado formalmente a Chile en más de una ocasión crear el Servicio de Biodiversidad. Ser parte de la OCDE significa también cumplir estándares ambientales básicos.

Este proyecto de biodiversidad además se hace cargo de desafíos a nivel país que no se abordan en otros proyectos de ley, como el del Servicio Nacional Forestal. Por ejemplo, es conocido el impacto millonario para nuestra economía que producen las especies exóticas invasoras que dañan nuestros ecosistemas y los servicios que éstos proveen. El proyecto de ley contempla varias medidas para controlar las especies exóticas invasoras.

Otro de los desafíos a los que se enfrenta nuestro país es la falta de información sistematizada en biodiversidad. Por ejemplo, de las 35.000 especies nativas descritas, sólo 1.179 se encuentran clasificadas de acuerdo a su estado de conservación. Mediante esta ley, Chile desarrollará una plataforma nacional de información de biodiversidad que esperamos pueda seguir la “bio-alfabetización” que países como México, Colombia y Costa Rica, han desarrollado desde hace muchos años. A su vez, el proyecto de ley de biodiversidad contempla la creación de un comité científico-técnico asesor que guíe al Servicio de Biodiversidad sobre la base de la experiencia de destacadas instituciones y personas con una trayectoria dedicada a la investigación y a la conservación de la biodiversidad chilena. Esto está en sintonía con la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, un paso fundamental para el desarrollo y la aplicación de la ciencia en nuestro país.

Han existido voces que han propuesto aprobar el Servicio Forestal -el cual reemplaza a Conaf- en vez de aprobar el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas antes de que termine este gobierno. No me parece que éste sea el camino que debemos tomar como país, ya que el Servicio Forestal depende de un ministerio con una mirada sectorial y economicista de los recursos, como lo es el Ministerio de Agricultura. Las áreas protegidas deben pasar al Servicio de Biodiversidad, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente.

En definitiva, el toque final del legado ambiental de la presidenta Bachelet debe ser la aprobación de este proyecto de biodiversidad antes del fin de este gobierno. El verdadero camino al crecimiento y desarrollo es uno en que toda la sociedad obtiene bienestar de la naturaleza en un marco que busca la prosperidad integral y perdurable, es decir, sustentable. Ello sólo es posible si la sociedad comprende realmente el valor que la naturaleza nos entrega. Por ello, el camino al desarrollo no pasa por debatir falsamente entre crecimiento y cuidado de la naturaleza, como ocurrió por ejemplo en el caso Dominga, sino que más bien va por entender que la conservación de nuestro patrimonio ambiental potencia el crecimiento. Es por eso que hago un llamado al gobierno a aprobar este proyecto fundamental para el país y el mundo.